El Gobierno ha instruido a la Asamblea Legislativa Plurinacional conformar una comisión de investigación sobre el registro de 95 empresas de origen boliviano en “paraísos fiscales” a través del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, y que figuran en el caso denominado papeles de Panamá.
Sin embargo, como lamentablemente se ha hecho rutina, sin esa previa investigación las principales autoridades del país ya han adelantado criterio sobre varios de los empresarios y personas involucradas en la investigación periodística, injuriándolas y acusándolas de una serie de presuntos delitos. Y, como no podía faltar en un libreto ya conocido por la ciudadanía, han involucrado en el caso a quienes consideran que son sus reales o imaginarios opositores.
De acuerdo a los entendidos, registrar empresas en el extranjero, se trate o no de “paraísos fiscales”, no es un delito en nuestra legislación. Todo ciudadano boliviano puede “sacar” su dinero al extranjero o crear empresas, con la sola condición de cumplir dos tipos de normas: las establecidas para impedir “lavado de dinero” y las de carácter tributario. Y entre las principales razones por las que se saca dinero al exterior se señalan la percepción de que hay poca seguridad jurídica en el país; no existen suficientes incentivos a la inversión interna; se tiene presuntos o reales temores sobre el futuro de la estabilidad económica, y también por las cargas económicas (tributarias y de otra índole) que el Gobierno impone dada su voracidad recaudatoria y que afectan la actividad empresarial.
Además, se debe señalar que la responsabilidad de estas operaciones financieras es de quienes son dueños del dinero y de las empresas, y no de quienes realizan los trámites ni de sus allegados (familiares o de trabajo). Esta precisión, que parece una obviedad, es necesaria porque en las declaraciones de los primeros mandatarios se involucra en las sindicaciones a los abogados contratados para realizar los trámites y a personas relacionadas con los dueños del dinero.
También se debe anotar que bien se podría aplicar a este caso la sentencia bíblica de criticar la pelusa en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Las autoridades han omitido pronunciarse sobre que la ya estatizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) creó Entel Bolivia International Limited en un paraíso fiscal (Islas Vírgenes) en junio de 2008 con un costo de 20.870 dólares, la que fue “dada de baja” el 31 de octubre de 2010. Sería pues prudente que las autoridades expliquen esta decisión antes de descalificar a diestra y siniestra.
Por último, esta forma de proceder afecta la realización de una buena y transparente investigación para establecer si en esas transacciones se han violado las leyes nacionales. Proceder como lo están haciendo provoca desconfianza en los resultados de la investigación parlamentaria, cuyos antecedentes en este oficio son totalmente negativos. Más aún en las actuales circunstancias, en las que no se puede desechar el propósito de utilizar este tema para aminorar el impacto de los problemas internos que enfrenta la gestión gubernamental.
