Las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han ingresado en la última etapa, que se está extendiendo en el tiempo pues originalmente estaba previsto que los acuerdos definitivos se suscribirían el pasado mes de marzo.
Se trata, sin duda, de un proceso complejo. Basta recordar que las FARC operan en Colombia desde la década de los 60 del siglo pasado y a lo largo del conflicto se ha creado una industria de la guerra que tiene muy afincados sus intereses. Además, con el fin de combatir esta guerrilla y la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgieron grupos armados nucleados, primero, alrededor de reconocidos hacendados de ese país y, luego, engrosaron las bandas de protección al narcotráfico. Es decir, Colombia ha vivido en las últimas décadas un estado de virtual guerra civil que ha provocado enormes pérdidas de vidas humanas, violación de derechos, exterminio de comunidades, enorme flujo de migraciones internas para huir de la violencia, entre otras consecuencias.
En ese tiempo, varios fueron los intentos para negociar acuerdos de paz; pero, siempre fracasaron, fundamentalmente por la radical posición de la guerrilla, que contaban además con una estructura externa de relacionamiento. Sin embargo, una decidida política de represión bajo el mando del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo ministro de Defensa era el actual mandatario de ese país, debilitó a las FARC; pero, al mismo tiempo, se demostró que era imposible alcanzar una victoria total.
Así, con unas FARC debilitadas, una población cansada de violencia, un entorno internacional favorable a las negociaciones de paz y la consolidación del paradigma democrático, el presidente Juan Manuel Santos decidió impulsar nuevas negociaciones con las FARC, pero acordando previamente una metodología de trabajo y la presencia de países garantes, entre ellos Cuba y Venezuela.
Los esfuerzos que se hacen son enormes porque no sólo las negociaciones exigen mutuas concesiones dentro de un marco legal y constitucional preestablecido, sino que se debe restañar profundas heridas y definir horizontes de participación que consoliden la paz que se espera establecer.
Un factor auspicioso es el generalizado apoyo internacional al proceso y el compromiso de acompañar las etapas siguientes a la firma de los acuerdos para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, hay, como señalamos, enemigos declarados de la paz que provienen de los extremos del abanico ideológico colombiano e incluso regiones, que no escatiman esfuerzos para evitar que las negociaciones de paz alcancen éxito.
Es que con la paz algunos sectores tienen mucho que perder, pues el estado de guerra les permite obtener pingües beneficios o porque la paz significa cambiar radicalmente estilos de vida. Se hace referencia tanto a sectores de las Fuerzas Armadas de ese país y de las FARC que consideran que la paz los debilita, a poderosos grupos oligarcas que no toleran la emergencia político-democrática de nuevas opciones políticas, a quienes enarbolan paradigmas autoritarios de organización social y también a traficantes de armas y drogas ilegales.
Pese a ellos, empero, la mayoría de la población colombiana apoya la paz, y la región también debe apoyar a concretarla.
