La trascendental decisión del Gobierno del Presidente del Estado de enjuiciar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a Chile para que este país negocie de buena fe la demanda de una salida soberana al Océano Pacífico como varios de sus gobiernos nos ofrecieron, confirmó ante el mundo la vocación pacifista de Bolivia.
Asimismo, la contundencia de la demanda y la promesa presidencial de que este tema no sería parte de las disputas políticas internas, provocaron un proceso de unidad nacional pocas veces visto antes y la predisposición de representantes de todo el abanico ideológico existente a prestar su apoyo a ese proceso.
Reafirmaron este sentimiento de unidad y de optimismo el hecho de que se cumpliera la promesa de no utilizar el tema como arma de política interna (con algunas excepciones hasta la convocatoria al referendo constitucional de febrero pasado) y la errática actuación de la diplomacia chilena que la obligó, incluso, a cambiar a su agente en La Haya, sustituyéndolo por el exsecretario general de la OEA, Miguel Insulza, una vez que la CIJ no admitió un alegato chileno solicitando que declare su incompetencia para tratar el asunto.
En este tiempo, también se ha mantenido, no sin esfuerzo hay que reconocer, la posición boliviana de no caer en múltiples provocaciones provenientes del mundo político chileno (profundamente conservador y agresivo en este tema) y aprovechar los sentimientos de simpatía y solidaridad internacionales con la demanda boliviana de recuperar la salida soberana al Pacífico, con la que, por lo demás, nacimos y fuera arrebatada por el vecino mediante una guerra.
En ese marco, el proceso en La Haya constituye, actualmente, el meollo de nuestra política exterior, a la cual, pareciera lógico, se deben subordinar otros temas, que siendo importantes, no tienen la dimensión de aquél. Nos referimos a la defensa de las aguas del Silala y a la denuncia sobre la construcción de una base militar chilena cerca de las fuentes de ese manantial.
Al respecto, Los Tiempos ha publicado por lo menos tres ensayos de gran contundencia y claridad, dos suscritos por el excanciller Antonio Araníbar y otro por el exsenador Gastón Cornejo, que demuestran que en los inicios del actual Gobierno se cometieron errores de significación, probablemente por la autoritaria concepción de que nada de lo que se hizo en el pasado fue bueno. Y de los tres documentos se puede inferir que lo que corresponde es respetar la calidad administrativa de la concesión de agua en esa región, cuyo responsable es la Gobernación de Potosí. Por tanto, no se trata de un tema de negociación entre gobiernos, salvo para hacer cumplir la norma. Y la denuncia de la construcción de una base militar sin duda es grave y se debe recurrir a los mecanismos jurídicos correspondientes y también a los organismos de integración regionales para resolver el tema.
Es decir, siendo legítimo que el Gobierno se refiera a ambos temas, pareciera que la forma de abordarlos no ha sido apropiada si es que es válido aquello de que la estrategia marítima tiene prioridad absoluta.
