Hace un año, en mayo de 2015, Enrique Salazar mantuvo una fuerte discusión con la Ministra de Comunicación durante una entrevista y, en menos de 48 horas, su canal lo despidió. Según Salazar, por “autocensura” de la Red Uno.
Tres meses después, John Arandia anunciaba su salida de Cadena A. “Hay una lucha que está delimitada por el poder con la asfixia económica”, argumentó.
A las pocas semanas, Amalia Pando decidía renunciar a Erbol y denunciaba que el Gobierno pretendía asfixiar a esa radio quitándole la publicidad estatal porque ella había tomado partido a favor del TIPNIS.
En febrero de este año, Heidy Tarqui, Juan Siñani, Miguel Rivas, Dámaso Sirpa y Máximo Catumo fueron atacados durante el incendio de la Alcaldía de El Alto. Lo reportó la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que dio cuenta también de la agresión de la guardia municipal de Cochabamba a José Rocha en la plaza 14 de Septiembre.
Carlos Valverde, el que destapó el escándalo del caso CAMC, sindicado por discriminación de género a pesar de que Gabriela Zapata retiró su denuncia, será procesado por la Ley de Imprenta. A Valverde le entregaron el Premio Nacional Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
En pasados días, Gonzalo Rivera dejó de manera sorpresiva Erbol tras recibir la comunicación de que ya no podían pagarle. La Dirección aclaró que no se trataba de presiones internas ni externas. Pero de nuevo motivos económicos. De nuevo la radio cuestionada, junto a otros medios, por el Gobierno.
Hace poco, mientras gasificaban a los discapacitados, Jesús Alanoca fue detenido por la Policía. “Me dijeron que borre todo o me iba a pasar algo peor”, relató él.
Durante las mismas protestas, un funcionario del INRA golpeó a Álvaro Valero.
Salazar, Arandia, Pando, Tarqui, Siñani, Rivas, Sirpa, Catumo, Rocha, Valverde, Rivera, Alanoca y Valero; en un año, 13 trabajadores de la prensa víctimas de una libertad de expresión condicionada. Condicionada porque “libertad de expresión” no es solamente poder decirlo: es poder decirlo —con respeto, sin afectar los derechos de nadie— y no ser molestado por eso. Si cualquier periodista daña la honra de alguien con sus denuncias, que se lo comprueben y sea sancionado; entretanto no puede ser perseguido. Hay libertad de expresión en Bolivia, sí, pero a menudo con hostigamiento. ¿Cuál es, entonces, la calidad de esa libertad?
Por temor a represalias, los medios callan más de lo que cuentan. En un contexto de libertad de expresión condicionada, es decir, cuando esta no es plena al debatirse entre constantes presiones, la búsqueda de la verdad encuentra cortapisas y el periodismo corre el riesgo de no cumplir su labor a cabalidad. Si el objetivo es callarlo para que no dé con la verdad, por ahora, los intolerantes del poder han fracasado.
Es necesario decirlo claramente: en Bolivia hay autocensura por culpa de políticos y sectores alineados a sus intereses que no quieren investigaciones periodísticas, que no aceptan la crítica ni el disenso, que desprecian los derechos fundamentales de las personas y que incumplen las reglas de la convivencia en democracia.
“En este momento la libertad de expresión en Bolivia está muy dañada, casi en el grado que se dañó en los gobiernos militares”, advirtió Humberto Vacaflor al recibir el Premio Libertad de la ANP. Habló de “acoso” y de periodistas “perseguidos” y citó a Quevedo: “perder la libertad es de bestias; dejar que nos la quiten, de cobardes”.
La valentía forma parte del ADN de este oficio, por eso el periodista genuino no se amilana con los ataques de los intolerantes, aunque le afectan y, por extensión, afectan también a la sociedad. Nadie, en democracia, merece recibir información de un periodista intimidado por el poder.
