Una vez más el Gobierno y el MAS han perdido la oportunidad de aclarar de una buena vez el ya denominado “caso Zapata” que tanto daño les hace, al instruir en la Comisión Legislativa —creada para investigarlo— que se apruebe un informe mal hecho negando que hubiera tráfico de influencias en la adjudicación de contratos estatales por alrededor de 550 millones de dólares a la empresa china Camce, en la que trabajaba una exenamorada del primer mandatario con la que tuvo un hijo.
Esta denuncia surgió en febrero pasado y, en vez de aclararla como corresponde, las autoridades de gobierno y dirigentes del MAS optaron, presuntamente para proteger al primer mandatario, por embrollar y embrollarse de tal forma con declaraciones que a poco de ser lanzadas fueron desmentidas por los hechos, que ahora el caso trasciende la original denuncia, incluyendo un proceso de índole familiar que afecta además al hijo que el primer mandatario tuvo con Zapata. Es decir, la desatinada y servil reacción del oficialismo ha abierto un proceso jurídico y político que daña profundamente la investidura presidencial, el prestigio de muchas autoridades del gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Ministerio Público, y, consiguientemente, las deslegitima.
En ese marco, la comisión legislativa pudo revertir ese proceso. Lamentablemente, la mayoría oficialista ha aportado más elementos deslegitimadores, pues sin convocar a varios dignatarios directamente relacionados con el caso ni a los representantes de la empresa china beneficiada, ha emitido un informe exculpando al primer mandatario y, como maquillaje, remitirá a la Contraloría antecedentes de una de las adjudicaciones, en la que podrían haber actuado mal un exministro de Estado y su sucesor.
Se trata de una actitud que responde a una mentalidad autoritaria y autorreferencial, por la que nada de lo que haga el adherente está mal y, obviamente, no reconoce al “otro” (sea quien sea) capacidad para enjuiciar errores. Igual comportamiento adoptan quienes quieren desconocer el contundente resultado del referendo constitucional de febrero pasado y amenazan con imponer, a como dé lugar, la candidatura, por cuarta vez consecutiva, del actual mandatario en 2019. O como cuando autorizan el ejercicio de la represión en contra de sectores movilizados que no responden al oficialismo, como sucedió con los indígenas del oriente en Chaparina o con los discapacitados, ahora. O la que se aprecia cuando se cerca la plaza Murillo al punto que, para impedir el ingreso de movilizaciones de protesta, se atenta contra la libre circulación ciudadana.
El gobierno está viviendo probablemente el momento más crítico de su larga gestión, pues ya no cuenta con la legitimidad que lo acompañó en un principio, y que puede agravarse si se concretan las negativas previsiones económicas que incluso las autoridades las han avalado. Por ello, en su propio beneficio y, sobre todo, en el del país, las autoridades deben restablecer lazos de confianza con la ciudadanía, trasparentar su gestión, asumir sus responsabilidades y reconducir la administración estatal por los senderos que norma la Constitución Política del Estado. Otro camino, sólo nos conducirá al desastre.
