Hechos como la sentencia en contra del senador Arturo Murillo por presunta falsificación de su libreta de servicio militar; el mantenimiento en la cárcel de la ciudadana Gabriela Zapata, exenamorada del Primer Mandatario y con quien tuvo un hijo, acusada de tráfico de influencias en favor de la empresa china Camce, cuando el informe por mayoría de la comisión parlamentaria que dizque investigó el caso concluyó en que no hubo tal tráfico; o la acusación en contra de esta misma ciudadana por el ejercicio ilegal de la abogacía por no tener el correspondiente título profesional y falsedad ideológica, exigen, sin duda, una serena reflexión.
Es que la forma en que han sido abordados por el oficialismo pone en duda el orden constitucional que rige en el país. Importantes autoridades y dirigentes del partido de gobierno no han escatimado en presiones a los administradores de justicia para acosar jurídicamente a los mencionados procesados, descalificándolos permanentemente, pero sin hacer lo propio con sus partidarios que han cometido, presuntamente, los mismos delitos.
Como hemos señalado en reiteradas oportunidades esa forma de actuar se convierte en una perversa pedagogía cívica, más aún cuando todos sus forzados argumentos se sostienen sobre evidentes mentiras que la propia sucesión de hechos devela. Se trata, sin duda, del “todo vale” para satisfacer las ambiciones políticas y disfrutar del poder, que atenta en contra de principios básicos de pacífica convivencia ciudadana.
La situación se agrava porque parecería que las actuales autoridades, encerradas en sí mismas, no se dan cuenta de ese peligro e incluso han perdido la capacidad de aprender de experiencias propias y ajenas que muestran que usar el poder de esa forma abusiva las deslegitima y, además, deslegitima el proyecto político que propusieron a la ciudadanía para conquistar su apoyo, provocando su frustración y peligrosos sentimientos de impotencia.
Además, el uso de diferentes raseros para calificar similares acciones, también muestra la sumisión de los órganos del Estado y el aparato administrativo en general para atender los requerimientos de las autoridades de gobierno y de los dirigentes del MAS que en forma cada vez más preocupante confunden ambos espacios.
Siendo ese el escenario, no habrá que dejar de exhortar a las autoridades a que sobre el principio de servicio al bien común que debe guiar su tránsito por el ejercicio gubernamental. Sólo de esa manera podrían recuperar la legitimidad perdida y reencauzar la administración del Estado por los caminos que señala la Constitución Política del Estado.
Es decir, comprender que una condición básica para que el país se precie de democrático y respetuoso de los derechos humanos, es respetar el principio constitucional de que todo “ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna” y el mandato de que el Estado garantice “a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Mientras ello no suceda, seguirá creciendo el arbitrio y el autoritarismo.
