Desde el exterior nos llega a los bolivianos la noticia de que las exportaciones de gas natural a Argentina han caído y que ese país se ha visto obligado a llegar a acuerdos con Chile para comprar gas a un precio más alto.
Dicen esas informaciones que se han publicado en Buenos Aires y en otras capitales de Sudamérica que, según el contrato, Bolivia debería estar enviando en este momento 19 millones m3/d de gas a argentina pero que sólo envñia 16 millones.
Como no entran en detalles, esas informaciones no dicen que, debido a esta situación, Bolivia debe pagar a Argentina el valor del gas que no está enviando.
En esa letra chica están contenidos los peores problemas, porque Bolivia deberá pagar a Argentina con la tarifa interncional, de US$ 10,4/millón de BTU, y no con el precio bilatral vigente ahora, de US$ 3,80. Y la letra chica ordena que Bolivia pague, además, una multa de 15% del valor del volumen no enviado.
Una situación similar se presenta con Brasil. Se está enviando volúmenes menores de gas, pero la tormenta política de ese país hace que la noticia no alcance los ribetes que merecería.
Pero el gobierno boliviano tiene ahora la obligación de informar al país por qué nose está enviando a los países vecinos los volúmenes de gas comprometidos. Con el detalle del monto que deberá pagar por las sanciones que tienen el nombre de “deliver or pay”.
El escándalo desatado a raíz de aventuras amorosas del presidente Evo Morales está ofreciendo informes sobre la corrupción oficial a borbotones, pero de manera desordenada.
Lo que corresponde es que alguien, preferiblemente el Contralor, diga cuánto dinero del Estado boliviano ha sido mal manejado por el gobierno del presidente Morales, partida por partida, rubro por rubro. Que se señale a los responsables, además del principal, y que se informe sobre las acciones judiciales que se están siguiendo para recuperar esas fabulosas fortunas que podían haber sido utilizadas para salud, educación, discapacitados, etcétera.
El periodismo está cumpliendo ahora su función de fiscailiación. Y lo está haciendo muy bien. No pasa un día que no se conozcan detalles de nuevos hechos escandalosos.
Esa es la fiscalización periodística. Falta que las instituciones del Estado, creadas para ello, cumplan con su función y lleven a la cárcel a los responsables.
En Brasil está a punto de ser destituida la señora Dilma Rouseff por hechos de corrupción muy parecidos a los que descubren en Bolivia.
Si el presidente Morales debe ser sometido a juicio de responsabilidades, que se lo haga. Por el momento él vive, con angustia, su calidad de presidente saliente. Y no tiene esperanzas de que los bolivianos le autoricen a ser candidato en 2019, porque ya le dijeron que no.
