La forma cómo el Gobierno está enfrentando las demandas de las personas con discapacidad se asemeja al manejo que dio a las del movimiento potosino, el año pasado. En ambos casos las autoridades se mostraron arrogantes, distantes, inflexibles. Primero el Presidente se negó a recibirlos. Luego, a estar presente en el eventual acto de suscripción de un acuerdo. Finalmente, a siquiera poner su firma en un acta de posible entendimiento. ¡Ni poner su firma! ¡Cómo se le va a exigir eso a Su Alteza! ¡Habrase visto tamaña insolencia! Al final los potosinos se fueron de La Paz con las manos vacías, como reconocieron sus propios dirigentes.
Y así le fue al oficialismo. Uno de los factores de la derrota del Sí en el referéndum de febrero es precisamente el voto potosino. Si el 68% de ese departamento hubiera apoyado la opción del oficialismo, cosa que no es irreal considerando su votación histórica en la última década, el Sí hubiera ganado en el referéndum, porque le hubiera añadido 70 mil votos a su votación total (y restado 70.000 al No). Pero en la ciudad de Potosí ganó el No con el 85% y en todo el departamento, con el 53%.
Así que la arrogancia presidencial le hizo perder al Sí, según mi estimación, un 1,3% de los votos a nivel nacional. Seguramente el caso Zapata, que divulgó Carlos Valverde, generó otros tres o cuatro puntos de caída, lo mismo que las muertes en El Alto. De no haber sido por estos factores, ganaba el Sí. Pero de los tres temas, el que el Gobierno podía haber controlado es el primero, el trato a Potosí, ya que los otros dos fueron imprevistos.
Ahora, increíblemente, ni siquiera por un cálculo político, el Presidente toma la misma actitud con respecto a los discapacitados: no recibirlos, rechazar de plano su demanda, reprimirlos, humillarlos. Cuando se trata de iniciativas del Mandatario, éste cede, propone, regala. Si se ve desafiado, hace lo contrario, rechaza, golpea, avasalla.
Los discapacitados apenas exigen 35,5 millones de dólares anuales para que se les pague el miserable bono de 500 bolivianos al mes, cifra que equivale al 0,1% del Presupuesto General de la Nación y el 0,3% de lo que el Estado destina al pago de pensiones y renta Dignidad. Pero de la misma manera que Su Majestad se negó a siquiera poner su rúbrica en un eventual acuerdo con los potosinos, que nunca llegó, ahora se niega a autorizar el pago de ese monto, que es minúsculo.
Reduciendo un gasto superfluo aquí y un gasto superfluo allá (por ejemplo en viáticos de funcionarios que viajan al exterior), se financiaría esta renta.
Simplemente, no le da la gana. O como suele decirse, no tiene “voluntad política”. Me sorprende que nadie, de su entorno, pueda levantar la mano en una reunión de gabinete para enfrentar al Líder Máximo con esta propuesta extrema: “¿y si cedemos? Son 35 millones de dólares, nada más”. Esa persona no existe en el círculo cercano del Presidente.
Parece que el Gobierno quisiera seguir perdiendo respaldo. Ya está en 48% y seguirá bajando, por el mal manejo del caso Zapata (el ministro Juan Ramón Quintana ni piensa en renunciar); la persistencia de gasto innecesario en el país más pobre de la región (1.000 millones de bolivianos en cinco edificios prescindibles o perfectamente realizables en una escala “normal”, no faraónica); la defensa de alianzas espurias con sectores que lo apoyan (se les permite a los mineros manipular dinamitas en calles y plazas); el desprecio por las personas con discapacidad (se gasifica al sector más vulnerable de la sociedad); no se lucha contra la corrupción (la exministra Nemesia Achacollo no ha sido convocada a declarar por el caso del Fondo Indígena); y la persistencia del lenguaje del odio (“todos ustedes están ‘extraviados’ y ojalá los gusanos se los coman”).
Pero la lucha de los discapacitados también demuestra el nuevo estado de ánimo de la ciudadanía. Al haberse roto el hechizo que gran parte de la sociedad tenía con el Presidente, y al ingresar ésta en una etapa de mayor crítica, el Gobierno empieza a ver cómo le es más difícil imponer su agenda. Habría que recordar en este punto que una marcha de discapacitados aún más esforzada (ya que se inició en Santa Cruz) llegó a La Paz en 2012, pero su impacto mediático y la solidaridad generada fue mucho menor. En ese tiempo todo se le permitía al Gobierno. Hoy el Ejecutivo sigue controlando la agenda y tiene la iniciativa política, aunque de una manera menos evidente y clara. El MAS está cuesta abajo en la rodada, lo que no quiere decir que vaya a perder necesariamente el poder en 2019. Ni mucho menos. Pero se le hará más difícil.
