“El propio Vicepresidente Álvaro García Linera me envió emisarios desde el inicio del gobierno del Movimiento Al Socialismo para que deje mi cargo y permita dar pegas a sus militantes”, me confesó Marcela Inch poco antes de morir. Tuvo esa confianza en mí porque fui una de las pocas voces que públicamente defendí la institucionalidad del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, ejemplo de entidad pública hasta 2006.
Inch fue la víctima más notable, pero no la única de la angurria masista que hizo todo por liquidar la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Fue despedida a pesar de su trabajo impecable como servidora pública; su pecado fue respetar contratos de personal con base en la meritocracia. Peor aún, García Linera la consideró enemiga del “proceso de cambio” porque su hijo era candidato opositor.
Historiadores, archivistas, bibliotecarios reaccionaron con demasiada timidez y hasta con complicidad ante tal injusticia. Quizá por miedosos o por ingenuos, sin tomar en cuenta que aquel asunto era el inicio de un cataclismo que liquidó en medio de desaciertos y escándalos de corrupción a la FCBCB.
Esta fundación fue concebida para dar sostenibilidad a los más importantes repositorios del país con una organización independiente de los cambios de ministros o de gobiernos y con capacidad económica por su relación directa con el Banco Central.
La entidad se encargó de mejorar la infraestructura de los museos, incluso con fuertes apuestas arquitectónicas para unir lo moderno con las bases coloniales para que sirvan para conferencias, seminarios, múltiples exposiciones, presentaciones de artes escénicas o performances.
Los consejeros fueron personalidades ligadas al quehacer cultural en sus diferentes expresiones, empresarios con experiencia en la gestión cultural, a veces con sus propios recursos. También se encargaron de publicar una revista con artículos que mostraban diferentes enfoques sobre la estética o las corrientes artísticas.
La politización de la FCBCB y la idea de colocar personas afines, muchas que dejaron de ser librepensantes, fue liquidando la institución. Son responsables los que desde el inicio agacharon la cabeza, “los amarra huatos” como los califican pobladores potosinos angustiados por el futuro de la Casa de la Moneda. Algunos eran artistas; los últimos elegidos no son ni de ese ámbito ni gestores.
Quieren justificar su traspaso al Ministerio de Cultura porque dicen que su relación con el BCB era una idea neoliberal. ¿Por qué no suspenden entonces los bonos que son otra expresión “neoliberal” comenzando por el Bonosol/Dignidad?
