La corrupción y los procesos políticos

Tres fenómenos políticos de primerísima importancia están sacudiendo a Sudamérica. La derrota del kirchnerismo en las recientes elecciones generales en Argentina, la del chavismo en las elecciones legislativas y el juicio político contra Dilma Rousseff que eventualmente podría derivar en su alejamiento del cargo presidencial son tres hechos que en sí mismos pueden ser calificados como históricos.
Por ahora, está todavía abierto un amplio abanico de posibilidades sobre el rumbo que tomen los procesos mencionados, por lo que cualquier reflexión sobre sus proyecciones hacia el porvenir pertenece al campo de las estimaciones. No pasa lo mismo, en cambio, si se observan los antecedentes y los factores causales de las tres crisis políticas, porque ya pueden ser claramente identificados.
Entre ellos, las apreturas económicas causadas por el agotamiento de la bonanza provista por el auge de los precios de las materias primas es sin duda un factor muy importante, pero no el único ni el principal pues, por lo menos desde el punto de la percepción de la ciudadanía, lo decisivo es el mal manejo de la bonanza económica.
Ambos factores —la crisis económica y la corrupción— fueron precisamente el tema central de una reciente intervención del vicepresidente del Estado Plurinacional quien, en días pasados, en un seminario denominado “El pensamiento de Álvaro García Linera: de la resistencia a la toma del poder”, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Durante su alocución, a tiempo de proponer una mirada autocrítica sobre las causas del triple contraste que por estos días sufre la izquierda latinoamericana, García Linera destacó que “No hemos sabido controlar ni castigar suficientemente los actos de corrupción”, y afirmó que esa es una debilidad muy seria de los
procesos (revolucionarios) de América Latina pues “ese tema ético mueve la fibra más íntima de la perspectiva de futuro”.
El vicepresidente boliviano no es el primer intelectual en darse cuenta de que el poder erosivo de la corrupción suele ser suficiente para dar fin hasta con los más sólidos proyectos políticos. Fueron muchos quienes llegaron a similares conclusiones y oportunamente hicieron las advertencias en épocas pasadas, pero sin la fuerza suficiente para promover el cambio de actitudes necesario para evitar la previsible corrosión.
Con esos antecedentes, resulta esperanzador saber que en los más altos niveles del gobierno de nuestro país se ha identificado el problema con claridad. Podría esperarse, en consecuencia, que tal consciencia se plasme en una vigorosa política de Estado dirigida a luchar sin contemplaciones contra cualquier forma de saqueo de los recursos públicos de nuestro país.
Para que ello ocurra; sin embargo, no es suficiente la buena voluntad pues en este tema más que en ningún otro son los hechos, y no las palabras, los que cuentan. De modo que será en ese terreno, y no en el de las declaraciones de buenas intenciones, donde se podrá ver si son sinceras o no los discursos contra la corrupción.