El abogado Jerjes Justiniano, defensor del exfiscal general Roger Mariaca, denunció presuntas restricciones y malos tratos contra su cliente en el penal de Cantumarca, en Potosí. Aseguró que recibe un trato diferente al de otros internos, situación que calificó como discriminación, racismo y vulneración de sus derechos.
“Él (Mariaca) no está recibiendo un trato igual que los otros internos y eso se llama discriminación, racismo”, afirmó el jurista, quien informó que presentó un memorial para poner en conocimiento de las autoridades presuntos “tratos inhumanos, tratos crueles, prácticamente muy similares a una tortura”.
Entre las restricciones denunciadas, Justiniano mencionó que se habría impedido el ingreso de medicamentos para Mariaca, bajo el argumento de que estos serían proporcionados por el médico del recinto penitenciario. Sin embargo, indicó que el profesional no permanece en el penal todos los días.
También observó limitaciones para las visitas de sus abogados, quienes tendrían permitido permanecer únicamente 30 minutos con el exfiscal, mientras que otros privados de libertad podrían recibir a sus defensores sin esa restricción.
A estas denuncias se suma la supuesta prohibición de ingresar cartas que sus hijos enviaron a su padre por intermedio de su esposa. Según el abogado, tampoco se le permitiría a Mariaca responderles mediante correspondencia.
“Eso es un nivel de incomunicación, eso es una restricción constitucional. Él está privado de su libertad, pero no de sus comunicaciones y peor, con una carta hacia sus hijos”, manifestó en declaraciones difundidas por Clave 300.
El jurista agregó que, durante una visita, Mariaca habría expresado a su esposa que estaba recibiendo “el trato de un animal”, en referencia a las condiciones en las que permanece recluido.
El exfiscal general cumple detención preventiva en Cantumarca, investigado por los presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Además, es sospechoso de supuestamente haber pagado para acceder al cargo de Fiscal General y brindar protección a actividades vinculadas al narcotráfico.
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