La reciente caída de las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público —por cargos de vínculos y/o protección al crimen organizado— no han hecho sino dejar al descubierto la degradación del sistema, además de acaparar la atención pública. Pero no nos engañemos: creer que la justicia se reforma limpiando la cima del poder es, cuando menos, ilusorio. La verdadera tragedia del ciudadano y de la economía real no habita únicamente en las alturas del poder, sino en la inercia cotidiana, punitiva y arbitraria que se respira en los juzgados ordinarios.

A pesar de las promesas oficiales de eliminar el "Estado tranca" y reformar la justicia, el aparato de asfixia burocrática y judicial permanece 100% intacto. Es una maquinaria pesada que no solo paraliza y extorsiona al ciudadano común en su día a día a través de trámites interminables, trabas administrativas y regulaciones asfixiantes, sino que alcanza su grado más destructivo en el ámbito legal. Lejos de haberse desmantelado la herencia de dos décadas de sesgo ideológico contra la iniciativa privada, los juzgados de base continúan operando con un automatismo devastador. En los estrados laborales y coactivos se aplica el procedimiento con una marcada ceguera procesal, donde la vía coercitiva y los apremios no se utilizan como último recurso del derecho, sino como un mecanismo extorsivo que estrangula al generador de empleo formal.

El colapso progresivo y el cierre de empresas emblemáticas no son hechos aislados; son el síntoma doloroso de un ecosistema legal diseñado para liquidar la unidad productiva. En una Bolivia donde más del 80% de la fuerza laboral navega en la informalidad y la desprotección absoluta, el celo punitivo de la justicia se encarniza contra el minúsculo 5% de las empresas privadas legalmente constituidas que pagan impuestos, sostienen cargas sociales y dan la cara. La paradoja resulta demoledora: en nombre de una supuesta defensa de derechos, los operadores de justicia firman fallos que terminan destruyendo las fuentes de trabajo de los empleados activos y arrastrando a las empresas a la ruina. En este escenario se ha incubado una verdadera, y muy lucrativa, industria de los juicios laborales. Consorcios procesales y especuladores del litigio alimentan ilusiones jurídicas en exempleados para forzar cobros intempestivos que desconocen de plano la buena fe, las propuestas viables de cumplimiento y la sostenibilidad del empleo, y aprovechan para ello la ceguera con que se aplica el procedimiento judicial. 

Se pretende ignorar una verdad económica elemental: sin empresas viables no existen derechos laborales reales. Por ello, los jueces que actúan con automatismo e inflexibilidad dogmática se convierten en corresponsables directos del desastre socioeconómico y de la liquidación de las fuentes de trabajo. El uso distorsionado del procedimiento judicial como herramienta de persecución, sometimiento y asfixia debe llegar a su fin. Los hechos recientes en la cúpula misma del Órgano Judicial son aleccionadores: la impunidad del escritorio blindado se ha terminado. El periodismo independiente, la economía formal y la sociedad civil están tomando nota y registrando con nombre y apellido esta corresponsabilidad, asegurando que el abuso de poder en los estrados no pase inadvertido.

Cabe preguntar, finalmente, a los operadores de justicia y a las instituciones que aplican a ciegas la asfixia regulatoria y las líneas jurisprudenciales forzadas durante dos décadas: ¿Se han enterado siquiera del vergonzoso y dramático puesto 130, de 143 países, que le asigna a Bolivia el último Índice Mundial de Estado de Derecho? Si comprendieran la magnitud del colapso que han infligido a la seguridad jurídica, la ética elemental de sus cargos les impediría continuar en la indolencia. Quienes persiguen, regulan y criminalizan al que produce y trabaja lícitamente deben responder ante el país: ¿hasta cuándo seguirán siendo los ejecutores del ahogamiento del sector formal y de la ruina institucional de la nación?

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