La diputada Lissa Claros (Libre) denunció una presunta injerencia del Ejecutivo en el Órgano Legislativo durante el cuestionado proceso de conformación de la directiva de la Cámara de Diputados. Según la parlamentaria, se ejercieron presiones directas hacia diversos asambleístas para obligarlos a validar una elección que, a su criterio, carece de legitimidad al no haberse realizado un conteo reglamentario de sufragios.

En sus declaraciones, Claros señaló al titular de Desarrollo Productivo, Rural y Agua como el responsable de acondicionar el respaldo parlamentario.

“Siguen existiendo llamadas para forzarles a que vayan a firmar amenazándoles indicando de que si no van a firmar el acta se van a quedar sin nada que no les van a dar oficinas no les van a dar espacios en comisiones en comités y tenemos entendido que el que sería el que estaría llamando sería el ministro Óscar Mario Justiniano”, precisó a Unitel.

Asimismo, la diputada sostuvo que Roberto Castro, reelegido como presidente, respondería como operador del ministro para ejecutar las directrices oficiales e imponer el control en el pleno. Ante este escenario, Claros lamentó que “el Parlamento y la Cámara de Diputados haya sido asaltado básicamente por una persona extraña que quiere que se apruebe proyectos para su interés primero es el personal y ni siquiera piensa en la población boliviana”, vulnerando el principio de separación de poderes y el reglamento legislativo.

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Para frenar este presunto atropello y dejar sin efecto la proclamación efectuada por aclamación, la parlamentaria anunció que interpondrán una Acción de Amparo Constitucional ante los tribunales. Con este recurso, la bancada opositora pretende que la justicia invalide el acto y disponga la convocatoria inmediata a una votación democrática, transparente y por planchas.

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