La discusión en torno a la reforma de la legislación minera en Bolivia encendió las alarmas en los sectores laborales e institucionales. El Secretario General de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, Celestino Gonzáles, rechazó el anteproyecto de nuevo Código Minero impulsado por el Gobierno, calificándolo como un instrumento “lapidario” que pretende arrebatar la “soberanía del Estado” sobre los recursos naturales y despojar al país de sus intereses nacionales.

Según las declaraciones de la representación de la COD paceña, la iniciativa gubernamental busca dejar sin efecto la actual Ley 535 de Minería y Metalurgia, una norma que se encuentra alineada con la Constitución Política del Estado y que reconoce el control estatal sobre la cadena productiva —desde la exploración y explotación hasta la industrialización— mediante el protagonismo de los tres actores productivos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

En contraposición, Gonzáles advierte que el texto promovido por el Ejecutivo revive el espíritu del Código Minero promulgado en la década de 1990 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En aquel periodo regulatorio, según el dirigente, las corporaciones privadas actuaban como “propietarias” del patrimonio minero nacional.

El planteamiento oficial del Ministerio de Minería

Por su parte, el Ministerio de Minería y Metalurgia dio inicio a la etapa de socialización del anteproyecto normativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). De acuerdo con los informes oficiales emitidos por la cartera de Estado, la propuesta normativa es el resultado de una revisión técnica orientada a modernizar el sector, brindar seguridad jurídica y promover inversiones con responsabilidad socioambiental.

El Ministerio de Minería precisó que el proyecto unifica las normas sustantivas y procedimentales en un solo cuerpo legal. Entre sus ejes centrales plantea la creación de seis modalidades contractuales diferenciadas, la autorización de alianzas estratégicas y asociaciones entre empresas privadas, la simplificación de trámites administrativos, el acompañamiento ambiental desde fases tempranas y la implementación de mecanismos de control en la comercialización y trazabilidad de minerales.

Este ministerio remarcó que el documento ratifica los principios constitucionales de que los recursos minerales pertenecen al pueblo boliviano y que las áreas mineras mantienen su condición de intransferibles. Asimismo, anunció el desarrollo de mesas de trabajo en los nueve departamentos y la habilitación de una plataforma digital para receptar observaciones ciudadanas antes del tratamiento de la ley en el pleno legislativo.

Exclusión social y denuncias de injerencia

Pese a los anuncios de apertura formulados por el Ejecutivo, la fase previa a la presentación del anteproyecto desencadenó tensiones con sectores productivos. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) denunciaron haber sido ignoradas y marginadas de las mesas de redacción de la propuesta.

El presidente de la Fencomin, Richard Caricari, cuestionó el desarrollo del proceso, catalogando la presentación oficial como una “reunión de amiguitos” realizada en “cuatro paredes”. Caricari reveló que la organización cooperativista presentó una propuesta consensuada en julio y remitió múltiples solicitudes de audiencia al presidente del Estado, Rodrigo Paz, sin recibir respuesta institucional.

Asimismo, la dirigencia de Fencomin advirtió sobre la presencia de actitudes prebendales hacia determinados grupos y denunció la presunta injerencia de un país extranjero en el diseño de las políticas mineras nacionales.

Las críticas sectoriales contrastan con la lista de participantes acreditados por el Ministerio de Minería, que incluyó a la Cámara Nacional de Minería, federaciones auríferas regionales (Ferreco y Fencoman), organizaciones campesinas (CSUTCB), firmas privadas transnacionales como Sinchi Wayra y Empresa Minera San Cristóbal, además de agencias multilaterales.

Compromisos multilaterales

El debate sobre la normativa se enmarca en un escenario de compromisos financieros internacionales. Informes del sector señalan que Bolivia fue incorporada en el plan minero del Banco Mundial a través del “Acuerdo País de Metales y Minerales del Estado Plurinacional de Bolivia”, suscrito en octubre de 2026.

Este convenio compromete al Gobierno a aprobar el nuevo Código de Minería y una Ley de Inversiones a más tardar a mediados de 2027. La hoja de ruta elaborada por los organismos internacionales, junto al Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD, proyecta la movilización de hasta 19.000 millones de dólares en capitales públicos y privados entre 2026 y 2030 para el desarrollo de minerales críticos y la actualización del catastro minero digital.

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