El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, convocó este sábado al diálogo a los sectores sociales que rechazaron la eliminación de la subvención al diésel y advirtió que se aplicarán sanciones a quienes vulneren el estado de excepción y recurran a medidas de presión como bloqueos de carreteras.

Aramayo afirmó que el Gobierno está dispuesto a explicar a las organizaciones sociales las razones de la decisión y sostuvo que la medida económica no fue asumida para medir su popularidad inmediata, sino para proteger a la población y enfrentar la situación económica del país.

El Ministro señaló que durante años se mantuvo un precio artificial de los combustibles que, según explicó, beneficiaba solamente al 7% de los hogares pobres, mientras que el 50% de los beneficios llegaba a los sectores de mayores ingresos y otra parte se destinaba al contrabando hacia las fronteras y a actividades como el transporte y la minería ilegal.

Recordó que, tras la guerra en Irán, el precio del barril de petróleo pasó de alrededor de 65 dólares a 125 dólares y sostuvo que, durante las últimas décadas, mantener los combustibles subvencionados representó un gasto promedio de 55 millones de dólares por semana y alrededor de 2.600 millones de dólares al año.

Según Aramayo, este gasto contribuyó a la reducción de las reservas internacionales y de las reservas de oro del país.

Créditos y medidas de protección 

El Ministro sostuvo que la eliminación de la subvención está acompañada por un paquete de acciones de aplicación inmediata, cuyo principal objetivo es la protección social.

Entre esas medidas mencionó el pago del bono PEPE y la habilitación de hasta 800 millones de dólares en créditos preferenciales, con una tasa anual referencial del 6%, destinados a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.

Explicó que también se contemplan créditos directos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000.

Gobierno advierte por bloqueos 

Consultado sobre los anuncios de medidas de presión y bloqueos de carreteras de sectores que rechazan la eliminación de la subvención, Aramayo sostuvo que todos los ciudadanos deben comprender que la vigencia del Estado de derecho alcanza al conjunto de la población.

“Estamos en el estado de excepción y, más allá de los anuncios de los sectores, reitero, nuestra convocatoria es dialogar. No llevar adelante acciones de hecho, sobre todo en un tiempo en el que van a haber sanciones para quienes obviamente vayan en contra de la vigencia plena del Estado de Derecho”, declaró en conferencia de prensa.

Precisó que los ministerios de Defensa y de Gobierno ya tomaron los recaudos correspondientes para llevar adelante las acciones necesarias, aunque insistió en que el país no debería retornar a escenarios de confrontación en las calles.

“No deberíamos volver a los escenarios de las calles porque confronta a la población que busca reactivar su economía. Eso de primero bloquear y luego hablar, tenemos que empezar a cambiarlo en la mente”, afirmó.

Aramayo pidió a los sectores que evalúan retornar a los bloqueos reflexionar sobre las consecuencias de estas medidas y sostuvo que el objetivo del Gobierno es generar condiciones para atraer inversiones y crear nuevas fuentes de empleo.

Recordó que durante los 53 días de bloqueo se habrían perdido entre 2.000 y 3.000 millones de dólares y que unos 250.000 empleos fueron afectados.

Defiende medidas económicas 

“El espíritu de estas medidas es devolverle dinamicidad al país, económica, tranquilidad social”, afirmó Aramayo, quien también destacó la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares y otros 500 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Añadió que existen otros 1.400 millones de dólares en trámite, recursos que, según explicó, serán destinados a la reactivación del sector minero mediante el uso de tecnologías modernas y bajo criterios medioambientales y salvaguardas socioambientales.

En ese marco, sostuvo que la actividad minera debe desarrollarse bajo criterios de justicia ambiental y cuestionó que continúe la contaminación de los ríos y el contrabando de mercurio.

Aramayo afirmó que el presidente Rodrigo Paz planteó el debate en términos de las prioridades que debe asumir el país.

“¿Qué preferimos? ¿Seguir alimentando las bandas de contrabandistas y de criminales? ¿O queremos construir carreteras, hospitales? Queremos construir centros educativos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Construir futuro o estar anclados con el pasado?”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que las decisiones adoptadas por el Gobierno buscan corregir la situación económica actual y generar condiciones para el desarrollo del país.

También destacó el respaldo expresado por algunos sectores, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, organizaciones empresariales y gremiales, que, según afirmó, comprendieron la necesidad de modificar el actual esquema económico.

“Esta es la vocación de este Gobierno: sincerar la situación del país, corregir la situación actual y construir un futuro conjunto”, concluyó.

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