El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, planteó este miércoles ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que la eventual ampliación del estado de excepción por 90 días esté sujeta a revisiones periódicas y pueda concluir antes de ese plazo si desaparecen las causas que motivaron la medida.
Durante su exposición ante los legisladores, Justiniano explicó que los 90 días solicitados por el Gobierno deben ser entendidos como un plazo máximo y no como un periodo que necesariamente deba cumplirse en su totalidad.
“Los bloqueos disminuyeron de manera verificable. La transitabilidad se recuperó. La conflictividad, sin embargo, no desapareció”, resumió la autoridad.
El ministro señaló que la evolución de las circunstancias debe ser considerada durante la vigencia de la medida y sostuvo que corresponde establecer mecanismos concretos para su revisión y eventual desactivación.
Justiniano también reconoció que los informes presentados ante la Asamblea no contienen una demostración matemática que permita establecer que 30 o 60 días serían necesariamente insuficientes, por lo que los legisladores deben evaluar las condiciones bajo las cuales debería aplicarse la ampliación.
Entre los aspectos que requieren precisión y control, mencionó la justificación específica del plazo de 90 días, la individualización de las medidas que continuarían vigentes, los mecanismos de revisión y desactivación, además de la relación jurídica entre el Decreto Supremo 5707 y la autorización legislativa prevista por la Ley 1740.
Como antecedente, la autoridad expuso la reducción de los puntos de bloqueo registrados en la Red Vial Fundamental, de 39 el 20 de junio a 35 ese mismo día, 12 el 22 de junio y cero el 23 de junio.
Sin embargo, aclaró que el Gobierno no puede atribuir esa reducción exclusivamente al estado de excepción, debido a la existencia de otros factores, como el diálogo y decisiones sectoriales.
A la vez, advirtió que la conflictividad no desapareció y citó 72 eventos registrados por la Defensoría entre el 20 de junio y el 20 de agosto, además de nuevos bloqueos registrados durante agosto y septiembre.
La decisión sobre la ampliación del estado de excepción, sus condiciones y los mecanismos de control corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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