A través del Decreto Supremo 5706 del 14 de septiembre de 2026, el presidente Rodrigo Paz nombró al viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, como el representante gubernamental en la lucha contra la corrupción.

“Declarar de prioridad nacional, del Estado Plurinacional de Bolivia, la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad pública, el fortalecimiento de la transparencia institucional y la protección de los recursos de interés del Estado”, se lee en el primer artículo del decreto en el que se hace el nombramiento.

Entre tanto, en el artículo 3 de la norma indica que “la viceministra o viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia se constituye en el Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia”.

Respecto a este decreto, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que se incrementan las facultades, tareas y objetivos del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, durante una conferencia de prensa este martes desde Casa Grande del Pueblo.

El portavoz señaló que todas las unidades de transparencia de los ministerios, viceministerios y entidades descentralizadas, a partir de ahora, deberán coordinar con el representante gubernamental.

“Se ampliaron las herramientas en prevención y gestión de riesgos de corrupción, seguimiento de denuncias y procesos, recuperación y registro de activos, análisis estratégico de datos, investigación de fortunas, coordinación con la Unidad de Investigación Financiera, la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público, así como la supervisión de las unidades de transparencia y de la capacidad de realizar actuaciones inmediatas en entidades y empresas, donde exista participación estatal y se requiera documentación”, detalló Gálvez.

Asimismo, el artículo 7 del decreto aclara que el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia se constituye en la instancia encargada de realizar la vocería en temáticas vinculadas a sus atribuciones.

La disposición final establece que la implementación del decreto será financiada inicialmente con el presupuesto institucional del Ministerio de la Presidencia, sin comprometer recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.

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