La Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó Bolivia a fines de julio presentó ante el Consejo Permanente su informe en el que se detallan los resultados de la visita y se hacen nueve recomendaciones destinadas a promover el diálogo, la cohesión social y la estabilidad.

Integrada por representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay, junto con el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, la Misión se reunió con autoridades y representantes de los sectores sociales, indígenas, laborales, empresariales, académicos, de los medios de comunicación y de la sociedad civil –luego de los 53 días de bloqueos– con el propósito de contribuir a preservar las instituciones democráticas y promover soluciones pacíficas en el marco constitucional de Bolivia, según remarca una nota de prensa institucional.

PUNTOS DE CONVERGENCIA

El informe identifica puntos de convergencia entre los distintos sectores. En primer lugar, “constata un amplio acuerdo sobre la importancia de preservar el orden constitucional y democrático de Bolivia y respetar los mandatos surgidos de los procesos electorales”.

Destaca que dichos mandatos “deben ser respetados en su integridad y no pueden ser alterados por vías distintas de los mecanismos institucionales previstos en el orden constitucional boliviano”.

La Misión hizo un “llamado al diálogo más amplio posible entre el Gobierno y todos los sectores de la sociedad boliviana con el fin de superar la polarización, prevenir nuevos conflictos y fortalecer la cohesión social”, agrega el boletín.

Subrayó que el diálogo y el ejercicio legítimo de la protesta social son plenamente compatibles con la responsabilidad compartida de proteger la democracia, la estabilidad institucional y los derechos de toda la población.

LAS NUEVE RECOMENDACIONES DE LA OEA

El informe formula nueve recomendaciones principales:

1 Establecer un amplio acuerdo en respaldo de los mandatos surgidos democráticamente y del orden constitucional del país, reafirmando que las demandas sociales deben plantearse respetando estos principios y sin recurrir a la violencia para intentar alterar las instituciones democráticas o sus respectivos mandatos.