El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, participó este jueves en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde informó que Bolivia solicitó a esa instancia el despliegue de una misión de observación y acompañamiento policial, a través de la REDPPOL OEA, en el país.
“Bolivia ha solicitado oficialmente a la Secretaría General de la OEA el despliegue de la misión de observación y acompañamiento policial, conducida a través de la REDPPOL OEA, sabiendo que esta es una iniciativa técnica, preventiva y desarmada para fortalecer las capacidades de gestión del orden público bajo estándares internacionales de derechos humanos”, remarcó la autoridad.
La REDPPOL OEA es un mecanismo de cooperación internacional para la generación y gestión de conocimientos policiales adecuados a las nuevas circunstancias de seguridad de la región. Además, promueve el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de formación y capacitación policial.
Aramayo invitó a todos los Estados miembros a sumarse a esta misión. También destacó el interés manifestado por delegaciones, como la de Estados Unidos (EEUU), que, según afirmó, han comprendido la urgencia de un acompañamiento profesional para consolidar la paz social en Bolivia.
En la reunión, el ministro también informó sobre los efectos de los más de 50 días de bloqueos en el país, que dejaron pérdidas humanas, perjuicios económicos y afectaciones al empleo y a la industria, además de mostrar, según afirmó, una estrategia deliberada para forzar la interrupción del orden democrático.
Ante ese panorama, indicó que el Gobierno boliviano promulgó el estado de excepción con el fin de defender la vida y abrir corredores humanitarios para el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible. Aclaró que la norma no fue emitida para acallar, sino para proteger y resguardar la democracia.
“La protesta social es un derecho, pero la sustitución de la voluntad popular mediante la coerción o la violencia jamás lo será. Aceptar que un gobierno legítimamente electo pueda ser acorralado para forzar renuncias al margen de la Constitución sentaría un precedente peligroso para la estabilidad de cualquiera de nuestros Estados”, manifestó.
En ese marco, la autoridad indicó que el Estado boliviano actuó con firmeza y vocación de paz, evitando el uso desproporcionado de la fuerza pública, pero sin dejar en la impunidad los hechos violentos y las pérdidas humanas.
Aramayo señaló que Bolivia recibe las recomendaciones de la misión de la OEA, que constituyen una base para consolidar una agenda de prevención mediante el diálogo permanente; establecer reglas de protección de los servicios esenciales y de los derechos de terceros durante las movilizaciones; y garantizar investigaciones imparciales, junto con medidas de reactivación económica.
Finalmente, mencionó que también se tiene en cuenta la recomendación de proteger el derecho a la protesta pacífica y los derechos de terceros, asegurando la continuidad de los servicios esenciales, la protección de la infraestructura crítica y el establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar corredores humanitarios y logísticos cuando la conflictividad comprometa el funcionamiento del Estado.
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