El presidente Rodrigo Paz promulgó en las últimas horas el Decreto Supremo 5693, disposición que establece medidas preventivas y extraordinarias para que las entidades financieras afectadas por la coyuntura económica mantengan sus operaciones regulares y eviten caer en procesos de quiebra o intervención forzada.
La norma fundamenta que los bancos e instituciones de intermediación sufrieron dificultades en su liquidez, por lo cual autoriza al Fondo Amplio de Garantía y de Crédito a “emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial”.
Esta herramienta funcionará como un auxilio financiero temporal que respaldará el capital mínimo exigido por ley, con el fin de “dar continuidad al acceso de la población a los servicios financieros” y resguardar los ahorros de los usuarios.
La medida alcanza a las entidades que reportaron problemas en sus niveles patrimoniales al 31 de julio de 2026. De acuerdo con el texto del decreto, estos instrumentos tendrán una “vigencia máxima e improrrogable de noventa (90) días calendario, computables desde la fecha de su emisión”, lo que otorgará un plazo límite de tres meses para que las entidades regularicen su solvencia económica. Sin embargo, el beneficio quedará revocado de inmediato si la institución incurre en causales graves de liquidación.
