El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, emitió un pronunciamiento en el que exigió al Gobierno nacional la militarización inmediata de la frontera con Brasil y el despliegue de medidas extraordinarias de seguridad, tras la escalada de violencia en los últimos días en este departamento.
La posición fue fijada tras una reunión de emergencia entre la autoridad departamental, asambleístas de la provincia Ángel Sandoval, el secretario de Seguridad Ciudadana y representantes de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
"Estos hechos no solo afectan la seguridad de las familias cruceñas, que hoy viven con miedo, sino que también afectan la imagen de nuestro departamento ante el mundo", aseveró el Gobernador, cuestionando que se sigan registrando asesinatos incluso durante la vigencia de estados de excepción.
Exigencias al Gobierno nacional
Dentro de los puntos planteados hacia el Órgano Ejecutivo y el Ministerio de Defensa, Velasco solicitó el despliegue de efectivos militares en los puntos fronterizos de San Matías, específicamente en las comunidades de Ascensión de la Frontera y Las Petas, la emisión de una norma que establezca el marco legal para el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas y que exima de responsabilidad penal a los efectivos durante el cumplimiento de sus funciones.
En el ámbito departamental, la Gobernación anunció la ejecución de un plan de contingencia bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, liderada por el Cnl. Jorge Santistevan.
Se emitirá una convocatoria en las próximas semanas para aprobar el Plan Departamental de Seguridad Ciudadana, orientado a centralizar inteligencia, coordinar acciones estratégicas y proponer legislación.
También adelantó la creación de una unidad preventiva con mapas de delito en tiempo real, drones, analítica de datos y botones de emergencia articulados con la Policía, Fiscalía y municipios.
Finalmente, anunció la presentación de un proyecto de ley nacional para dar validez jurídica inmediata a las alertas rojas de Interpol. La norma busca facultar a la fuerza pública local a aprehender a criminales internacionales buscados sin dilaciones burocráticas que faciliten su fuga.
Debate por la descentralización
Velasco vinculó la crisis de seguridad con la necesidad de profundizar la autonomía económica mediante un esquema de redistribución de recursos “50-50”.
Según la autoridad, la asignación presupuestaria actual resulta insuficiente para equipar adecuadamente a las fuerzas de orden, por lo que insistió en que los recursos generados en la región deben permanecer en ella para fortalecer la seguridad, la salud y la educación.
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