El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este lunes que el incremento sostenido de los precios de los alimentos en el país está afectando directamente el ejercicio del derecho humano a la alimentación, especialmente en sectores vulnerables. En ese contexto, instó a las instituciones estatales a reforzar medidas de protección, control y garantía de este derecho fundamental.

Durante la presentación del informe Monitoreo del Acceso a Alimentos y su Impacto en el Ejercicio del Derecho a la Alimentación en Bolivia – 2026, la autoridad recordó que el acceso a una alimentación adecuada está reconocido por la Constitución Política del Estado y por normativas internacionales en materia de derechos humanos.

La autoridad fue enfática al señalar que "la alimentación definitivamente no es un privilegio; la alimentación es un derecho humano", y explicó que la Defensoría del Pueblo de Bolivia realiza desde septiembre de 2024 un seguimiento constante al comportamiento de los precios de los principales productos de la canasta familiar.

El monitoreo, aplicado en mercados de las nueve capitales departamentales y en El Alto, revela marcadas diferencias regionales. La Paz y El Alto registran los incrementos más pronunciados; Cochabamba mantiene una tendencia sostenida al alza; mientras que en Oruro y Potosí se reportan aumentos desproporcionados e incluso episodios de desabastecimiento de productos básicos.

El impacto en los hogares es significativo. Según el estudio, el 63 % de las personas consultadas afirmó que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir la alimentación familiar, el 22 % indicó que apenas logra satisfacer parcialmente sus necesidades y solo un 15 % considera suficiente su presupuesto.

Callisaya señaló que esta situación ha obligado a muchas familias a reducir tanto la cantidad como la calidad de los alimentos que consumen, además de modificar sus hábitos y adoptar estrategias para poder alimentarse. En ese sentido, alertó que el encarecimiento dejó de ser únicamente un problema económico para convertirse en un desafío de derechos humanos.

El informe también identifica que el alza de precios no responde únicamente a factores coyunturales, como los bloqueos registrados en el periodo analizado, sino a un proceso estructural que se arrastra desde años anteriores. Este fenómeno estaría vinculado a diversos factores económicos y a políticas públicas cuyos efectos continúan debilitando el poder adquisitivo de la población.

Ante este panorama, la Defensoría exhortó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a fortalecer el monitoreo y control de los precios, identificar las causas del encarecimiento y aplicar medidas que mejoren el acceso a los alimentos, evitando distorsiones en la cadena de abastecimiento.

Asimismo, recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas evaluar el impacto del incremento de precios sobre la economía de los hogares y reforzar las políticas de protección dirigidas a los sectores más vulnerables.

También se pidió a gobiernos departamentales y municipales intensificar la vigilancia del abastecimiento en mercados y ejecutar acciones que garanticen el acceso oportuno a productos esenciales.

El informe concluye que garantizar el derecho a la alimentación en Bolivia requiere una respuesta integral y coordinada del Estado, capaz de enfrentar tanto las contingencias inmediatas como las causas estructurales que continúan encareciendo los alimentos y limitando el acceso de miles de familias a una alimentación suficiente, adecuada y digna

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