La audiencia cautelar del gobernador de La Paz y exalcalde paceño, Luis Revilla, por el caso del presunto sobreprecio en la compra del primer lote de buses PumaKatari, fue suspendida el pasado viernes debido a la inasistencia del fiscal asignado al proceso. Así lo informó el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz y denunciante del caso, Jesús Vera, quien cuestionó las constantes postergaciones que, según afirmó, han impedido definir la situación jurídica de la exautoridad.
Vera explicó que la audiencia debía instalarse ante el Juzgado 13 Anticorrupción para considerar las medidas cautelares contra Revilla y otros exfuncionarios investigados por presuntos delitos de corrupción relacionados con la adquisición de los buses municipales. Según la denuncia, el caso involucra un supuesto daño económico de Bs 47 millones al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
El dirigente aseguró que, desde el 8 de enero, el proceso acumuló más de diez audiencias suspendidas por diferentes motivos. Señaló que en algunas oportunidades no asistieron la defensa de Revilla o el propio imputado; en otras, faltó el representante del Ministerio Público o incluso personal del juzgado. Añadió que las dos últimas audiencias también fueron reprogramadas debido a los conflictos sociales y a la vacación judicial extraordinaria.
Indicó que, para evitar una nueva suspensión, se solicitó la participación de la Contraloría General del Estado, del Viceministerio de Transparencia, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de Defensa Pública, debido a que varias de estas instituciones fueron reconocidas como víctimas dentro del proceso o podían garantizar el desarrollo de la audiencia.
No obstante, Vera sostuvo que, aproximadamente media hora antes del inicio de la audiencia, la Fiscalía presentó un memorial informando que el fiscal tenía otra diligencia judicial y no podría asistir. "Si no tenemos al fiscal, no se puede instalar la audiencia", afirmó, al calificar como "extraña" la nueva suspensión.
Asimismo, lamentó que la Procuraduría General del Estado no haya participado en ninguna de las audiencias desde enero y aseguró que tampoco hubo presencia del Viceministerio de Transparencia. También cuestionó que el actual alcalde de La Paz, César Dockweiler, y el Concejo Municipal no hayan asumido una posición pública sobre el proceso.
Vera pidió a las actuales autoridades municipales impulsar la recuperación de los recursos que, según la denuncia, fueron afectados por el presunto hecho de corrupción. Sostuvo que los Bs 47 millones deberían retornar a las arcas municipales para ser destinados a obras en beneficio de la población paceña y que los responsables del caso sean sancionados conforme a la ley.
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