Las organizaciones periodísticas de Bolivia se declararon alarmadas por la aprobación de un segundo proyecto de Ley de Acceso a la Información en la Cámara de Senadores que vulnera el procedimiento congresal, mientras el primer proyecto de octubre de 2024 se halla en trámite en una comisión de la Cámara Baja. “En general, es un comportamiento obstruccionista para interferir el tratamiento de una norma, máxime si la misma fue de conocimiento del Senado anteriormente; por lo tanto, vulnera el procedimiento legislativo”, comentó el exparlamentario y abogado Germán Gutiérrez. Las organizaciones periodísticas, entre ellas los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), manifestaron su alarma por la aprobación del Proyecto de ley 066/2025-2026 C.S. porque excluyó toda consulta con la ciudadanía y con las instituciones representativas del periodismo y de la sociedad civil. El 19 de marzo pasado, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados anunció el tratamiento del Proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública (160/2023-2024) aprobado por la Cámara de Senadores, en sus fases en grande y en detalle, el 23 de octubre de 2024. El documento fue elaborado con la participación de organizaciones de prensa y organizaciones de la sociedad civil que desde hace 15 años impulsan la ley orientada a fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos. El proyecto de octubre de 2024 fue impulsado por la Comisión presidida por la entonces senadora Silvia Salame en la legislatura 2020-2025. Nociva para el periodismo Sorprendidos por un segundo proyecto, los periodistas y medios de información evaluaron su contenido y emitieron alertas. La norma señalada es particularmente nociva con el trabajo periodístico, debido a las limitaciones excesivas y en algunos casos infundadas que contempla, el favorecimiento de la discrecionalidad funcionaria, los plazos inaceptables y los procedimientos engorrosos que demanda, señala un comunicado emitido este sábado 4 de julio. La pretendida Ley determina que el ciudadano que pida información al Estado debe garantizar que esta no genere “perjuicios a terceros” y le impele a “asumir responsabilidad plena por la información obtenida”. Esta disposición no solo vulnera el principio de que la información que genera el Estado pertenece a los ciudadanos, sino que además puede usarse para amedrentar e impedir que se publiquen investigaciones sobre corrupción u otros delitos cometidos por servidores públicos ya que estos alegarán ser “perjudicados” por las denuncias, advierte el mensaje. Consideramos que resulta un retroceso, duplicidad y una pérdida de tiempo tratar un proyecto de ley sobre el Acceso a la Información, si el mismo ya fue aprobado por la misma Cámara de Senadores con la participación del entonces senador Rodrigo Paz Pereira, expresa el comunicado que exige el archivo del proyecto 066/2025, conocido esta semana. Las organizaciones que firman el comunicado son: Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa (CSTPB), Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz y Asociación de Medios Digitales de La Paz.
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