Tras el escándalo internacional que involucra al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas gestiones para favorecer a Soboce durante el gobierno de Luis Arce, el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio Loma (Libre), anunció que iniciará una investigación sobre la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en resolver la acción de amparo constitucional que mantiene suspendido el pago de aproximadamente 107 millones de dólares a favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).

El legislador informó que esta semana presentará una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al TCP, compuesta por cerca de 30 interrogantes, para establecer las razones jurídicas, administrativas y procesales por las que el expediente continúa sin una resolución definitiva, pese al tiempo transcurrido desde su ingreso al máximo tribunal constitucional.

Loma sostuvo que la iniciativa busca despejar cualquier duda sobre una eventual retardación de justicia, más aún después de las publicaciones periodísticas surgidas en España que atribuyen a Rodríguez Zapatero presuntas gestiones ante autoridades bolivianas en favor de Soboce, empresa actualmente controlada por el Grupo Gloria.

Entre las principales consultas que formulará al TCP figura si el expediente 75417-2025-151-AAC se encuentra dentro o fuera de los plazos legales para ser resuelto y, en caso de existir mora, cuáles son las causas que la justifican y qué autoridades son responsables de esa demora.

Asimismo, solicitará que el Tribunal informe si durante la tramitación del proceso existieron recusaciones, excusas, cambios de magistrados, redistribuciones del expediente, suspensión de plazos o cualquier otra circunstancia que hubiera alterado el curso normal del proceso constitucional.

El parlamentario también pedirá conocer si existen expedientes de acciones de amparo ingresados con posterioridad al caso Soboce-Fancesa que ya hayan sido resueltos y, de ser así, cuáles fueron los criterios de prelación aplicados para dejar pendiente este proceso, considerado de alto impacto económico para el departamento de Chuquisaca.

Otra de las interrogantes apunta a establecer si el TCP recibió solicitudes de priorización, memoriales, reuniones o gestiones de cualquiera de las partes involucradas, incluidos representantes de Soboce, del Grupo Gloria, de la Procuraduría General del Estado o de otras instituciones públicas, así como si el Tribunal tomó conocimiento de las publicaciones internacionales que mencionan presuntas gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en favor de la cementera.

La petición también requerirá que el TCP informe si la demora en la emisión de la sentencia constitucional mantiene suspendidos los efectos de resoluciones judiciales que favorecen a Fancesa y si esa situación podría afectar la recuperación de aproximadamente 107 millones de dólares, además de remitir documentación que respalde el estado procesal y todas las actuaciones realizadas dentro del expediente.

Loma señaló que el objetivo de la fiscalización es garantizar transparencia e independencia en la administración de justicia y conocer por qué un proceso de elevada relevancia económica e institucional continúa sin una resolución definitiva por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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