El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó formalmente al juez José Luis Calama que excluya de la causa judicial en su contra un informe policial que detalla sus supuestos negocios en Bolivia.
La defensa del exmandatario califica el documento como un “atropello” a su intimidad y sostiene que los datos presentados son producto de una investigación “prospectiva” y no autorizada.
Presunto pago por tráfico de influencias
El informe, elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, señala que Zapatero habría recibido un pago de 200.000 euros por interceder ante autoridades bolivianas, incluido el presidente Luis Arce, en favor de la empresa Soboce.
Soboce es una filial del conglomerado peruano Grupo Gloria, que mantenía un litigio millonario con la cementera boliviana Fancesa.
Según las investigaciones, los pagos se habrían canalizado entre 2024 y 2025 a través de contratos de asesoría con la firma Focus Social Research, considerada por la policía como una “sociedad interpuesta” para justificar las transferencias. En el ámbito local, el proceso judicial entre Fancesa y Soboce —que involucra más de 700 millones de bolivianos— fue paralizado en mayo de 2025 por una Sala Constitucional y actualmente se encuentra en manos del Tribunal Constitucional.
Argumentos de la defensa
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, presentó un escrito argumentando que el informe contiene “hechos ajenos a los investigados” y que busca abrir una “causa general” contra su cliente.
La defensa reclama que la investigación se limite estrictamente a los hechos por los que fue imputado originalmente en el “caso Plus Ultra”, relacionados con el rescate de dicha aerolínea y sus trabajos para la sociedad Análisis Relevante.
Además, la defensa denunció la filtración masiva a los medios de comunicación de información privada obtenida tras el registro de su despacho, que incluyó agendas, discos duros y la clonación del teléfono de su asistente personal.
Por ello, han solicitado al magistrado las siguientes medidas: crear una “pieza separada de expurgo” para eliminar datos personales irrelevantes antes de que las partes tengan acceso al material incautado; incorporar marcas de agua en los documentos judiciales para evitar y disuadir futuras filtraciones y prohibir expresamente a la UDEF el uso de información personal de Zapatero para investigar actividades que no estén delimitadas en el auto de imputación.
Repercusiones en Bolivia
El caso generó fuertes sospechas de tráfico de influencias en el Gobierno boliviano. Al respecto, el presidente Luis Arce negó cualquier vínculo, afirmando desconocer la agenda de negocios de Zapatero. Paralelamente, se informó que Carmen Almendras, mencionada en las investigaciones relacionadas con este caso, renunció recientemente a su cargo en la Alcaldía de La Paz.
Zapatero es el primer exjefe del Ejecutivo español en ser investigado por delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. La justicia española deberá resolver en los próximos días si acepta la solicitud de retirar el informe sobre Bolivia del expediente principal.
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