El Gobierno nacional aplicará de manera gradual las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo que declara Estado de Excepción en Bolivia, con la posibilidad de implementar medidas extraordinarias específicas en determinados territorios donde las condiciones de seguridad así lo requieran, informó este sábado el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda.

“No existe toque de queda en ningún lugar del país. Si el día de mañana se tiene que aplicar alguna medida en un municipio o una región específica, se determinará mediante una resolución biministerial entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa”, explicó la autoridad.

Justiniano señaló que el decreto establece restricciones de carácter general para todo el territorio nacional por un periodo de 90 días, entre ellas la prohibición de promover actos violentos, bloquear vías, obstaculizar el transporte de alimentos, medicamentos o combustibles, atacar infraestructura crítica o portar explosivos.

Precisó que el Gobierno también previó medidas extraordinarias que podrán aplicarse de manera focalizada en áreas consideradas sensibles. Entre ellas mencionó restricciones temporales a la circulación, limitaciones a reuniones o prohibiciones específicas, siempre bajo criterios de gradualidad y de acuerdo con la evolución de la situación en cada región.

“Tenemos prevista una serie de áreas sensibles que serán evaluadas por el mando conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Las medidas se anunciarán una vez que sean aplicadas y no de manera anticipada”, afirmó.

La autoridad remarcó que el objetivo principal del Estado de Excepción es restablecer la normalidad en el país y garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustibles, afectados por más de 50 días de conflictos y bloqueos.

Sostuvo que el Ejecutivo mantiene abierta la vía del diálogo con los sectores movilizados y destacó el reciente acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana, como una muestra de que las demandas legítimas pueden resolverse mediante la concertación.

“El diálogo tiene que prevalecer, pero también debemos garantizar que millones de bolivianos puedan trabajar, abastecerse y desarrollar sus actividades con normalidad. Estas medidas buscan proteger a la población y a los sectores productivos”, enfatizó.

Desde la ciudad de El Alto, donde coordinaba las operaciones conjuntas de seguridad, Justiniano indicó que la implementación del decreto se realizará “con calma, sin apuro y haciendo las cosas bien”, priorizando la recuperación de la transitabilidad en las carreteras y la protección de la ciudadanía.

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