El líder político de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, arremetió contra la forma en que el Gobierno está manejando la crisis generada por los bloqueos de caminos, al considerar que la salida a este tipo de conflictos no puede darse con “impunidad”, sino con “escarmiento” para los responsables.

Quiroga cuestionó que el Ejecutivo esté dialogando con sectores que, a su criterio, no representan a la totalidad de las bases sociales, como algunos dirigentes vinculados a la Central Obrera Boliviana (COB), quienes —según afirmó— condicionan cualquier acuerdo a la ausencia de sanciones.

“No se puede salir con impunidad, tiene que haber escarmiento”, sostuvo el exmandatario, al insistir en que los bloqueos no deberían ser entendidos como una forma legítima de protesta, sino como acciones que incluso podrían encuadrarse en figuras de gravedad internacional, citando el Estatuto de Roma.

El líder de Libre advirtió además que una eventual resolución del conflicto basada en acuerdos sin consecuencias “con besos y abrazos, dándose la manito y firmando que no pasó nada”, solo abriría la puerta a la repetición de este tipo de medidas de presión en el futuro.

En su evaluación del escenario actual, Quiroga calificó el prolongado paro de caminos —que se extiende por cerca de 50 días— como “el crimen económico más grande de la historia de Bolivia con enormes daños humanos, sociales y profundos”, responsabilizando a los organizadores por las afectaciones registradas en distintos sectores.

Asimismo, rechazó cualquier forma de impunidad para quienes, según dijo, participaron en hechos de violencia contra fuerzas del orden. “La impunidad de los que han ayudado a cometer este gigantesco crimen económico no puede estar encima de la libertad de todo Bolivia”, enfatizó.

Finalmente, criticó la estrategia gubernamental de esperar el desgaste del conflicto y su eventual desactivación por factores externos, como el desarrollo del Mundial, señalando que tras 50 días de bloqueos el “clamor de Bolivia es basta ya”. Sin embargo, consideró inadecuado que la salida dependa de negociaciones con actores que “ni siquiera son representativos”, según su evaluación.

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