El alcalde de El Alto, Eliser Roca, denunció este jueves que el incendio de la Subalcaldía del Distrito 8 no fue un hecho espontáneo, sino una acción premeditada destinada a destruir documentación clave relacionada con presuntos actos de corrupción de gestiones anteriores.

La autoridad edil sostuvo que existen indicios de la participación de “autores intelectuales y materiales”, entre exautoridades y exfuncionarios municipales, quienes ya son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

“Quienes ingresaron a quemar sabían exactamente qué documentos destruir. No se trató de una turba que actuó sin conocimiento; esto fue planificado”, afirmó Roca en conferencia de prensa.

Según explicó, las mayores pérdidas se concentran en archivos únicos pertenecientes a áreas estratégicas como Catastro, Recaudaciones y el Sistema Legal Municipal (SLIM), además de expedientes que servían como respaldo en procesos administrativos y judiciales.

“Hubo una intencionalidad de quemar documentos que constituían una base fundamental para iniciar procesos penales o administrativos contra autoridades salientes. Esa información no se va a recuperar”, lamentó.

El alcalde descartó la participación de organizaciones sociales alteñas en los hechos y atribuyó lo ocurrido a un grupo de autoconvocados que habría sido infiltrado por exfuncionarios de la Subalcaldía y del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA).

Además de la pérdida documental, Roca informó que fueron destruidos equipos de topografía, motocicletas y otros bienes municipales, así como el robo de computadoras y unidades de procesamiento.

En relación con las investigaciones, señaló que el Ministerio Público inició una acción de oficio por los destrozos, mientras que la Alcaldía presentó una denuncia penal con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables.

El hecho también dejó al menos ocho personas afectadas, entre ellas cuatro funcionarios municipales y cuatro civiles, incluidos adultos mayores y mujeres.

Respecto a las pérdidas económicas, la autoridad indicó que aún se realiza una evaluación técnica; sin embargo, los daños preliminares ya superan el millón de bolivianos.

“Estimamos daños por más de un millón de bolivianos. Sin embargo, lo más grave es la pérdida de documentación que podía servir como prueba para que funcionarios y exfuncionarios sean sometidos a procesos penales o administrativos”, concluyó.

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