El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó como una “declaración de guerra” el pronunciamiento difundido por un grupo armado que recientemente amenazó a autoridades, funcionarios del entorno del presidente Rodrigo Paz y a sus familias.
Las declaraciones surgen tras los hechos registrados en el municipio cruceño de San Julián, donde se reportaron enfrentamientos y ataques contra efectivos policiales. “Lo que se ha vivido ayer en San Julián nos deja tristes a todos los bolivianos, porque se ratifica lo que todos sabíamos, que hay grupos armados ya con cara, como se dice, que han disparado a la Policía”, afirmó en contacto con CORREO DEL SUR.
Zambrana sostuvo que estos hechos no deben ser considerados aislados y demandó acciones inmediatas por parte de las autoridades. “Hoy nosotros vamos a pedir las investigaciones que correspondan al Gobierno y al Poder Judicial para que nos digan quiénes están financiando y quiénes están detrás de esto”, señaló.
En ese contexto, expresó su preocupación por una posible infiltración del narcotráfico en estos grupos. “La gran sospecha que vemos es que el narcotráfico se ha infiltrado ya en muchos lugares del territorio nacional y se han mezclado con la gente buena, con ciudadanos que han sido manipulados para este fin”, advirtió.
El dirigente también remarcó la gravedad de los ataques, indicando que se utilizaron armas de fuego de alto calibre y que incluso se registraron incendios en instalaciones policiales. “No debe ser tratado como un hecho aislado. Hoy hay grupos organizados que disparan contra uniformados con armas de guerra”, enfatizó.
Asimismo, cuestionó la continuidad de los bloqueos y sus efectos en la población. “Ya no estamos frente a una protesta pacífica, estamos ante un ataque directo contra el ciudadano, contra la seguridad del Estado y contra Bolivia”, sostuvo.
Finalmente, Zambrana subrayó que ninguna demanda social puede justificarse mediante la violencia. “Ningún reclamo se puede defender a balazos. Ninguna demanda justifica cercar departamentos, impedir el paso de alimentos, medicamentos o afectar a la población. Hoy el riesgo de la vida está en juego”, concluyó, señalando que lo ocurrido en San Julián debe marcar un punto de inflexión para esclarecer responsabilidades.
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