Después de que una comisión de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) encontrara irregularidades y presunto prevaricato en la sentencia constitucional que ordena la entrega del mercado Mutualista de Santa Cruz de la Sierra, a la familia Crapuzzi, un jurista y analista político dice que detrás de este conflicto hay una “organización delincuencial conformada por abogados y funcionarios públicos” involucrados en un millonario negocio. Una de las alternativas de reversión sería la presentación de una avocación que pueda hacer que el actual TCP revise su fallo.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó este jueves un informe sobre la revisión de expedientes del caso ‘Mercado Mutualista’, que mantiene en vilo a la capital oriental.
En una conferencia de prensa ofrecida en esa ciudad, afirmó que esa institución no ignorará las “irregularidades” identificadas en el caso y cuestionó la sentencia constitucional que dispone la cesión de los predios de dicho mercado a la familia Crapuzzi, fallo que, según dijo, incurriría en prevaricato.
“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato”, manifestó Saucedo al exponer los resultados de la comisión encargada de revisar la documentación.
RESPONSABILIDAD PENAL
Por esta sentencia, Saucedo incluso adelantó que existe responsabilidad penal y se iniciarán acciones legales, por lo que el informe de la comisión será remitido al Ministerio Público.
Entre las irregularidades identificadas también se encuentra la existencia de documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles fallas y delitos en actuaciones judiciales y la presencia de indicios de prevaricato en la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3. El vocero municipal de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, pidió una salida para evitar el cumplimiento de la sentencia que dispone la entrega de documentación a privados.
