El Tribunal Agroambiental (TA) presentó su Rendición Pública de Cuentas 2025 y destacó que la carga procesal heredada por los magistrados de la anterior gestión (2018-2024) fue resuelta en su totalidad. Existe menos del 30% de expedientes pendientes que están siendo tramitados este año, informó su presidenta, Roxana Chávez. La autoridad pidió una vez más que se apruebe la Ley Especial de Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el informe de rendición de cuentas, que se realizó en un solo acto junto con el Consejo de la Magistratura, Chávez hizo referencia a la firma de convenios con varias instituciones públicas y privadas para viabilizar el acceso a información interinstitucional a través de la interoperabilidad y coordinar en la capacitación de los funcionarios y actores civiles.
Puso como ejemplo un convenio con el INRA. Antes se tenía que seguir procedimientos de envío de notas para coordinar acciones judiciales o administrativas que llevaban semanas de trámite. Actualmente, con los medios de seguridad digitales y la interoperabilidad, se podrá acceder a información de forma inmediata, explicó. Asimismo, señaló que la jurisdicción agroambiental cumple una función esencial dentro del Estado de Derecho, no sólo resolviendo conflictos vinculados a la tierra y los recursos naturales, sino también protegiendo el equilibrio ecológico y la biodiversidad del país, en el marco de los principios de independencia, transparencia, celeridad, interculturalidad y servicio a la sociedad.
