Al margen de las negociaciones para el resarcimiento de daños, se registraron avances en la investigación por la comercialización de combustible en mal estado que afectó principalmente a vehículos particulares y al sector del transporte.
Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, destacó que uno de los principales resultados fue el reconocimiento oficial de que se distribuyó combustible defectuoso.
Según el informe técnico de YPFB, la falla se habría originado en carburantes almacenados desde la pasada gestión en tanques que no estaban completamente llenos ni recibieron el mantenimiento adecuado, lo que provocó corrosión y acumulación de residuos. Posteriormente, al incorporarse nuevo combustible y completar el volumen de los depósitos, se habría generado una reacción química que contaminó el producto.
Zambrana explicó a El Deber que en la distribución del combustible existen indicios de posibles manipulaciones externas, un extremo que aún es objeto de investigación.
Asimismo, reveló que hay 12 funcionarios identificados como presuntamente vinculados al caso que el propio Gobierno calificó como una “mano negra”. Diez de ellos enfrentan procesos administrativos internos, mientras que dos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Añadió que se solicitó profundizar las pesquisas para establecer si existen más responsables.
En cuanto al resarcimiento económico, Zambrana indicó que se alcanzó un acuerdo para indemnizar a los afectados. La aseguradora, según afirmó, ya validó técnicamente los daños y definió tres categorías de compensación –leve, media y grave– con montos diferenciados.
El procedimiento contempla la presentación de carpetas para su evaluación en un plazo aproximado de 30 días. En una primera etapa, el trámite se realiza de forma manual para el transporte sindicalizado y asociativo, mientras que desde este viernes se habilitará una plataforma digital destinada a particulares.
Además, anunció la creación de una comisión de denuncias para reportar casos de presunta adulteración de combustible. A través de un canal directo, los ciudadanos podrán alertar sobre irregularidades, lo que obligará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a realizar inspecciones en un plazo máximo de 48 horas.
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