El Instructivo INS/DP N° 0013/2026 ha sido calificado por los guardaparques como una “vulneración directa a los derechos fundamentales”, ya que intenta controlar el flujo de información ambiental que surge desde el corazón de los santuarios de biodiversidad del país.

Un cerco legal contra el Acuerdo de Escazú

Para los defensores del medio ambiente, esta medida administrativa no solo ignora la normativa interna, sino compromisos internacionales de alto rango de los que Bolivia es parte. En lo nacional, el instructivo contraviene los Artículos 21 y 106 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantizan el derecho a la comunicación y la libertad de expresión sin censura previa.

De igual manera, el país es signatario del Acuerdo de Escazú, por lo que está obligado a garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales. El Artículo 9 de dicho tratado internacional protege específicamente a quienes, en el ejercicio de sus funciones como los guardaparques, generan información crítica para la protección del entorno.

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El riesgo de silenciar el territorio

La restricción no es un tema menor para la conservación. Abolac advierte que el uso de perfiles personales ha sido, en muchos casos, la única vía rápida y efectiva para visibilizar delitos que ocurren en zonas remotas. Entre los impactos negativos de esta “censura”, señalan:

• Opacidad en ilícitos: Se dificulta la alerta temprana sobre minería ilegal, tráfico de fauna y avasallamientos.
• Gestión de incendios: Se limita la capacidad de informar oportunamente sobre focos de calor y riesgos ambientales que afectan al patrimonio estatal.
• Control social: Se debilita el derecho de la sociedad a participar en la gestión ambiental, tal como dictan los artículos 342 y 385 de la CPE.

“La difusión responsable desde territorio fortalece el conocimiento ciudadano y promueve el control social”, señala el documento. Asimismo, recuerda que en noviembre de 2023 una medida similar tuvo que ser revertida ante el rechazo de la sociedad civil y gremios periodísticos como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

Medidas y demandas pendientes

Más allá de la libertad de expresión, los guardaparques exigen al Sernap el cumplimiento de deudas laborales históricas, incluyendo el pago de refrigerios, subsidios y la creación de ítems permanentes (Tesoro General de la Nación) para el personal eventual. Del mismo modo, denuncian la falta de condiciones básicas, solicitando presupuesto para combustible, mantenimiento de vehículos y refacción de campamentos.

La asociación se ha declarado en estado de alerta permanente y no descarta movilizaciones si el instructivo no es dejado sin efecto. En ese contexto, solicitaron formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos para frenar lo que consideran “un retroceso en la gestión ambiental del país”, informó el portal La Región.

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