El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, aseveró que los servidores públicos implicados en el denominado caso “maletas” tenían la ineludible obligación de revisar el equipaje en el Aeropuerto Internacional Viru Viru. La autoridad sostuvo que, al encontrarse de turno durante los hechos, la ausencia de una instrucción expresa por parte de sus superiores no justificaba la omisión del control, dado que debían regirse por los protocolos establecidos para el ejercicio de sus funciones.
Soto fundamentó su postura en los artículos 51 y 52 del Reglamento para el Régimen del Viajero y Control de Divisas, normativa que establece la revisión obligatoria de equipajes. Asimismo, aclaró que portar un pasaporte diplomático no constituye una excepción válida al control aduanero regular, un beneficio que está reservado únicamente para el presidente y el vicepresidente del Estado.
“El hecho de que no hayan recibido autorización no los exime de responsabilidad. Ellos conocen sus funciones”, afirmó el ejecutivo en una nota de prensa de la entidad que preside. Esta declaración surge luego de que, en las últimas horas, tres exfuncionarios de la institución fueran aprehendidos tras prestar su declaración ante el Ministerio Público. La investigación preliminar señala que no se realizó la inspección de 31 maletas, cuyo paradero aún no fue precisado por las autoridades.
