Una denuncia penal presentada por el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos destapó una red de irregularidades en la compra de un terreno y la construcción del nuevo edificio de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional en Tarija. Según la documentación, el daño económico al Estado supera los 10 millones de bolivianos, solo en la fase de construcción. 

La denuncia apunta a tres personas: Karina Serrudo Miranda, expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional; Roye Rueda Pardo, representante de la empresa constructora Asociación Accidental Guadalquivir; y José Rivera Cisneros, vendedor del terreno. Serrudo fue denunciada por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, en conferencia de prensa, indicó que espera que el Ministerio Público, “como director funcional del proceso”, pueda emitir las directrices necesarias y los requerimientos con celeridad.

A partir de la presentación de la denuncia en la ciudad de Tarija, esta cartera de Estado comenzó a recibir mucha información adicional, “que estaría revelando conexiones entre altas autoridades de la Aduana, en la anterior gestión, con empresas privadas incluso con vínculos de parentesco”, expuso García.

La información está siendo sistematizada y se prevé que sirva como material para ampliar la investigación en los próximos días. 

Asimismo, la autoridad indicó que continuarán los trabajos de investigación de las decenas de denuncias que recibió la Aduana. “Consideramos que al interior de la Aduana operaba una red de corrupción que tiene que ser desmantelada, por lo que por supuesto que estamos interviniendo a través de las unidades de transparencia y ningún caso va a ser dejado de lado”, precisó García.

El caso 

La historia comienza en 2017, cuando la Aduana Regional Tarija convocó a una licitación para la compra de un terreno de al menos 1.000 metros cuadrados. El terreno fue adquirido por José Rivera, quien presentó una oferta más cara que su competidor, pero aún así fue adjudicado. Sin embargo, el terreno no cumplía con los requisitos legales ni técnicos. Además, hubo un retraso considerable en la entrega legal del inmueble, que se formalizó casi dos años después. Las deficiencias en el terreno incluyen un solo acceso vehicular, su cercanía a una quebrada y la falta de áreas verdes.

En 2024, bajo la administración de Serrudo, se convocó a una nueva licitación para la construcción del edificio en el terreno cuestionado. La empresa Asociación Accidental Guadalquivir ganó el contrato, pero –según la denuncia– hubo un presunto direccionamiento del proceso. El costo de la obra fue de Bs 21.992.304,03, un sobreprecio significativo si se considera que el costo del metro cuadrado en Tarija no debería superar los Bs 3.500, mientras que la obra alcanzó los Bs 6.247,81 por metro cuadrado, lo que representa un sobreprecio estimado del 56%.

Además del sobreprecio, la obra presentó graves deficiencias técnicas, como la elección de una cimentación inadecuada para el suelo arcilloso y la presencia de filtraciones permanentes de agua en el subsuelo. También hubo un incumplimiento de plazos, ya que la obra debía concluir en 2025, pero sufrió retrasos importantes. La denuncia sostiene que tanto Serrudo como Rueda son responsables de autorizar y ejecutar una obra con sobreprecio, en un terreno inapropiado y sin cumplir las normativas urbanísticas.

Los denunciantes pidieron a la Fiscalía que realice diligencias urgentes, como obtener toda la documentación contractual de la compra del terreno y la construcción, realizar una inspección ocular del inmueble y emitir la imputación formal contra los presuntos responsables. También solicitaron medidas cautelares para evitar la fuga de los involucrados. Serrudo todavía no se pronunció.

La situación sigue siendo investigada y la Fiscalía tiene que determinar las responsabilidades penales de los involucrados, tanto por el incumplimiento de las condiciones legales como por el daño económico causado al Estado. Los denunciantes consideran que estos hechos reflejan un caso de corrupción y mala gestión en la adquisición de bienes públicos y la ejecución de obras públicas.