Las autoridades de los órganos Electoral y Judicial, además del Ministerio Público, firmaron este jueves, en Sucre, un acuerdo para darle certidumbre a las elecciones subnacionales del 22 de marzo y evitar cualquier acción que interrumpa este proceso.
Además, en el marco de sus competencias, se comprometieron a garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los candidatos, de los votantes y de las organizaciones políticas, respetando los principios de legalidad y preclusión.
En la denominada ‘Reunión Interinstitucional de Coordinación Electoral de las Elecciones Subnacionales 2026’ participaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental, consejeros de la Magistratura y el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales en representación del fiscal general Roger Mariaca. Ellos firmaron un documento en ese sentido.
Al término del encuentro, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, dio lectura a las conclusiones, reflejadas en 11 puntos y en las que se garantizan el proceso electoral y los principios y obligaciones constitucionales de los órganos del Estado, así como los derechos de candidatos, fuerzas políticas y electores.
También destacan los compromisos de coordinación y cooperación para la capacitación funcionarios electorales y judiciales sobre el proceso en marcha, la fiscalización de las acciones de jueces y vocales y la atención de denuncias.
Finalmente, según el “Acuerdo Interinstitucional para el Fortalecimiento Democrático”, se exhorta a las Asambleas Legislativas Departamentales a concluir el proceso de designación de vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.
El Ministerio Público prometió atender de forma prioritaria las denuncias relacionadas con delitos electorales, procurando asumir las decisiones oportunas para evitar que se consuman los hechos denunciados o, en su caso, se emitan las imputaciones o acusaciones que correspondan para sancionar a los infractores.
NO DISTORSIÓN
Ávila remarcó que el objetivo central de este acuerdo es impedir que acciones judiciales, recursos constitucionales o disputas políticas paralicen o distorsionen el proceso electoral en curso.
