El Gobierno de Rodrigo Paz y los sindicatos obreros y campesinos en Bolivia acordaron este domingo la abrogación del decreto que elimina la subvención a los combustibles y crear una nueva norma que mantenga esa disposición, pero que anule otras que generaron rechazo en esos sectores.

El acuerdo es fruto del diálogo realizado esta jornada entre los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones campesinas con seis ministros, incluidos el de la Presidencia, José Luis Lupo; de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Además de la elaboración del nuevo decreto, los sectores movilizados anunciaron que con la firma del acuerdo se levantarán todas las medidas de presión, incluidos los bloqueos de carreteras iniciados el pasado martes.

El documento establece que «el decreto 5503 se abrogará en su totalidad» y que «a partir de la firma del acuerdo» se creará una comisión para elaborar «un nuevo decreto» que «mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles».

Paz: el decreto rechazado por los sindicatos «cumplió su función»

Horas más tarde, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que el decreto 5503, que retiró la subvención a los combustibles, «cumplió su función» y que esa «conquista económica» se mantendrá y, a la vez, anunció un «nuevo decreto», como comprometieron sus ministros con los sindicatos que rechazaban la norma.

En un mensaje televisado, Paz destacó el diálogo desarrollado por sus ministros en los últimos diez días con distintos sectores, incluida la Central Obrera Boliviana (COB), que mantenía protestas callejeras desde diciembre y bloqueos de carreteras desde el pasado martes para exigir la abrogación del decreto 5503.

«Con ese diálogo, el decreto 5503 cumplió su función, conquista económica, conquista social, pero necesitamos dar un nuevo paso, necesitamos un nuevo decreto», sostuvo el gobernante.

La nueva propuesta

En la nueva norma también se mantendrán las disposiciones sobre la reprogramación de créditos en el sistema bancario, «la mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial», dice el documento.

«La COB y todas las organizaciones afiliadas y representadas en el encuentro determinan el levantamiento inmediato de las medidas de presión, manteniendo el estado de emergencia hasta la promulgación del decreto», agrega.

Tras la firma del acuerdo, el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, declaró que «aquí no han perdido los ministros, no han ganado los dirigentes, ha ganado Bolivia» y consideró que el «pueblo» comprendió que el decreto, «tal como está, no servía».

«Las autoridades de Gobierno han reflexionado y cuando las autoridades trabajan con su pueblo también hay que aplaudir», indicó Argollo y también agradeció a los sectores que se movilizaron contra el decreto, que entró en vigencia el pasado 17 de diciembre.

El diálogo se realizó en una sede campesina en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que era una de las principales afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados el martes.

El anterior decreto de Paz

La COB y los sindicatos campesinos, anteriormente aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realizaron marchas callejeras desde el 22 de diciembre y desde el martes bloquearon carreteras para exigir la abrogación del decreto 5503.

El decreto estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

La norma dispuso otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y aumentos de un bono escolar y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

Los sindicatos también cuestionaban el decreto porque consideran que abre la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno ha negado siempre.

Los bloqueos de carreteras dejaron pérdidas millonarias a los sectores productivos y al Estado, y a numerosas personas atrapadas por varios días en las rutas.

Ante esto, el Gobierno organizó rescates en avión y barco de visitantes extranjeros que quedaron atrapados en destinos turísticos como el salar de Uyuni, en el suroeste boliviano, y en el lago Titicaca, compartido con Perú, además de puentes aéreos y vuelos solidarios para el traslado de pasajeros y alimentos.

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