El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que se abrió una investigación en contra del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a partir de un informe policial de acción directa elaborado por la Policía Boliviana, por un hecho ocurrido en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra cuando la exautoridad se disponía a abordar un vuelo con destino al exterior.
De acuerdo con la explicación brindada por Mariaca, las primeras actuaciones fueron ejecutadas por la Policía en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, instancia que puso el hecho en conocimiento del Ministerio Público mediante el informe correspondiente, lo que dio lugar a la apertura formal del caso. Actualmente, el exministro se encuentra en calidad de aprehendido.
“Por una acción directa que ha realizado la Policía Boliviana esta persona ha sido aprehendida por supuestamente impedir o estorbar el ejercicio de la función policial”, señaló el Fiscal General al referirse al origen del proceso.
La autoridad aclaró que, antes de que se produzca la intervención policial, no existía ninguna denuncia previa presentada por persona o institución alguna en contra de Del Castillo, quien tenía previsto viajar al exterior junto a su familia. No obstante, remarcó que el Ministerio Público actuará conforme a derecho y bajo los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad.
Mariaca enfatizó que los hechos serán analizados de manera técnica y responsable, garantizando en todo momento el debido proceso, el derecho a la defensa y el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes involucradas. En ese sentido, reiteró que la condición de aprehendido permite al Ministerio Público realizar las actuaciones que establece la ley para esclarecer el hecho investigado.
“Él se encuentra aprehendido desde aproximadamente la medianoche, lo que implica que el Ministerio Público tome su declaración informativa en esa calidad para luego disponer lo que en derecho corresponda”, precisó.
Finalmente, el Fiscal General aseguró que la institución a su cargo continuará actuando con estricto apego a la legalidad que rige la función fiscal, en el marco de la Constitución Política del Estado y las normas vigentes.
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