En el marco de las investigaciones para dar con el paradero del exministro y prófugo de la justicia Eduardo Del Castillo, efectivos de la Policía Boliviana y del Ministerio Público ejecutaron dos allanamientos en la ciudad de La Paz.
Durante una de las intervenciones, realizada en la zona de Villa Copacabana, las fuerzas de seguridad descubrieron un depósito de materiales bélicos que contenía cuatro artefactos explosivos artesanales preparados para su uso inmediato.
Operativos y hallazgos
De acuerdo con el informe oficial presentado por el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, los procedimientos se llevaron a cabo el día jueves. La primera operación se efectuó hacia las 16:00 en un inmueble ubicado en la Urbanización Carandá, zona Lomas de Achumani, donde no se logró ubicar al investigado.
Posteriormente, un contingente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en coordinación con el fiscal de materia Julio Alejandro Porcel García, intervino un departamento a nombre de Wendy Marcela Acuña Aparicio en la zona de Villa Copacabana.
En este segundo inmueble, la Unidad Especializada de Bomberos y Antiexplosivos procedió al secuestro de Cuatro artefactos explosivos artesanales equipados con mecha lenta, evaluados técnicamente como listos para ser detonados y causar daños a la población; 20 petardos de alto impacto y tres teléfonos celulares; una chamarra con la sigla de la DEA estampada en letras amarillas y el pasaporte de Aristóteles Calle, identificado como el autor de la fabricación
Oviedo reveló que Calle se desempeñó como funcionario del Ministerio de Gobierno durante la gestión de Del Castillo y lo calificó como un operador “clave” dentro de la estructura delictiva que rodea al exministro. Las autoridades definieron este entramado como una red “narcoterrorista” involucrada tanto en el tráfico de sustancias controladas como en acciones de desestabilización.
Según los informes técnicos de inteligencia, la principal hipótesis apunta a que el material explosivo estaba preparado para ser utilizado en las anunciadas movilizaciones y protestas sociales, buscando generar violencia e impacto público bajo la fachada de reivindicaciones sociales.
El Gobierno señaló que ambos allanamientos contaron con las correspondientes órdenes judiciales y el acompañamiento del Ministerio Público, garantizando el respeto al debido proceso y los derechos constitucionales. La Policía Boliviana continúa desplegando operativos para dar con la captura de Del Castillo y establecer la responsabilidad de otros involucrados en calidad de autores, cómplices o encubridores.
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