El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, aseguró este martes que el proceso iniciado contra el dirigente panificador Rubén Ríos y el exgerente de Emapa, Franklin Flores, no responde a ningún plan de persecución política, sino a hechos que habrían generado un perjuicio millonario al Estado.
“El daño supera los 5 millones de bolivianos, esta denuncia ha sido interpuesta por esta cartera”, afirmó la autoridad, aunque la Fiscalía elevó la cifra a Bs 6 millones. Según las investigaciones, se identificó un “clan familiar” que operaba de manera irregular y que presuntamente era dirigido por Ríos.
El dirigente de Conapabol ya se encuentra aprehendido y espera su audiencia cautelar, mientras que su hijo fue arrestado. La Policía continúa la búsqueda de otro hijo y de la expareja del acusado. En paralelo, Flores fue declarado rebelde la semana pasada tras incumplir su detención preventiva por otro proceso relacionado con la construcción de una planta de papa.
Justiniano sostuvo que existen “serios indicios de malos manejos, manejos corruptos” en la administración de la harina subvencionada. “Todo donde hubo subvención hubo corrupción”, advirtió, al señalar que la investigación alcanzará a todos los implicados sin excepción.
Ríos es investigado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado. El ministro calificó el esquema como una “red” con más involucrados y expresó su confianza en que las acciones del Ministerio Público permitan “recuperar el dinero que se han robado”.
“Esto no es persecución política, esto es robo a cada una de las familias bolivianas”, remarcó Justiniano, al insistir en que las pesquisas abarcan un grupo “mucho mayor” vinculado al entorno familiar del dirigente.
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