La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este lunes, con el respaldo de más de dos tercios de los presentes, una resolución que la ratifica como la única instancia facultada para preseleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La determinación, impulsada por el vicepresidente Edmand Lara, tiene como objetivo evitar cualquier intento de designación de autoridades judiciales mediante decreto presidencial y llenar las vacantes dejadas tras la cesación de los magistrados denominados prorrogados.
La resolución, aprobada en la segunda sesión ordinaria, establece que el Legislativo “es la única instancia que puede preseleccionar a las y a los candidatos faltantes a magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando y del Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija, para su posterior elección por voto popular”.
Durante la sesión, el Vicepresidente defendió la iniciativa como un mecanismo necesario para proteger la independencia de poderes. “Bajo ningún motivo se puede permitir que alguien se le ocurra siquiera designar por decreto a las autoridades del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, porque sería romper la independencia de poderes”, justificó. “La posición tiene que ser clara: ni autoridades puestas por decreto, ni suplentes, ni trampas”, añadió.
La resolución incluye plazos operativos. En su segundo punto, la ALP ordenó a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral elaborar el proyecto de convocatoria para la preselección, en apego a la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 y la Ley 1549. Sin embargo, se estableció una condición: la Comisión deberá iniciar esta labor una vez que concluya la preselección de vocales del Órgano Electoral, para garantizar un avance escalonado de ambos procesos.
Asimismo, se encomendó a la Presidencia de la Asamblea gestionar la compatibilización de los cronogramas con el OEP y coordinar con los órganos Ejecutivo y Judicial para allanar el proceso.
