En un movimiento destinado a la reingeniería del aparato estatal, el Gobierno anunció este lunes que las competencias del Ministerio de Justicia serán absorbidas principalmente por el despacho de la Presidencia. Su titular, José Luis Lupo, explicó que la decisión responde a una política de austeridad y racionalización, bajo la premisa de que “el Estado está sobredimensionado”.
La reestructuración implica una reducción burocrática. Los cinco viceministerios que componían la extinta cartera de Justicia se fusionaron y reorganiceron para dar lugar a solo dos entidades que ahora dependen del despacho de Lupo: el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
Entretanto, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor fue transferido al Ministerio de Desarrollo Productivo, al considerarse que esa es el área donde corresponde gestionar sus competencias técnicas y de fiscalización de mercado.
Durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo, Lupo detalló que esta absorción de funciones busca eliminar la dispersión institucional. “Queremos achicar el Estado. Creemos que el Estado está sobredimensionado. Pero, obviamente, no tenemos una política de hacerlo irracionalmente, sino en relación a las funciones y a las prioridades que se establezcan”, explicó el Ministro.
¿Un superministerio?
Con esta modificación, el Ministerio de la Presidencia consolida su rol como eje central de la gestión del Gobierno. A su estructura vigente, que ya contaba con los viceministerios de Coordinación de la Gestión Pública, Coordinación Política y Legislativa, Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Autonomías y Tierras, se suman ahora los dos viceministerios de Justicia.
No obstante, Lupo aclaró que la transferencia de ciertas atribuciones, como las relacionadas con el notariado y el registro de abogados, al Ministerio de la Presidencia tiene un carácter “modificatorio y transitorio”. El objetivo no es concentrar poder, sino ordenar la administración pública, según indicó. “La idea y el espíritu es devolver cada cosa a su lugar y no tener, simplemente por mayor burocracia o mayor poder, el tema de notarios (y) el tema de abogados”, puntualizó Lupo.
