El Gobierno presentó un diagnóstico sobre la situación financiera de las empresas estatales y señaló que 15 de ellas se encuentran en un estado crítico o de mayor riesgo debido al deterioro de su patrimonio. El informe fue elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia.
De acuerdo con los datos oficiales, las empresas públicas acumulan pérdidas por 12,7 mil millones de bolivianos, de los cuales 5,1 mil millones corresponden a las 15 entidades consideradas de mayor riesgo.
Entre las empresas incluidas en esta lista se encuentran ETASA, Yacana, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Metalúrgica Karachipampa, Quipus, TAM, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), la azucarera San Buenaventura, Mutún, B-Agro, la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), la empresa de producción de semillas, la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), Boliviana de Aviación (BoA) y Mi Teleférico.
Según la presentación, Mi Teleférico encabeza la lista con pérdidas acumuladas de Bs 2.039 millones, seguido por BoA con Bs 485 millones y YLB con Bs 473 millones.
El reporte también señala que las empresas públicas recibieron créditos, aportes de capital y donaciones por un total de Bs 26 mil millones.
Durante la presentación, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó la situación como “más que un error histórico fue una estafa histórica para el país”, al sostener que los recursos destinados a estas empresas pudieron haberse invertido en áreas como salud, educación o programas de lucha contra la pobreza. “Son cifras inimaginables (...) realmente es inaceptable, ha sido una gran estafa para el país”, afirmó.
Por su parte, el director de la OFEP, Pablo Camacho, cuestionó el desempeño de algunas empresas estatales y señaló, en tono irónico, que Bolivia debería figurar en los récords Guinness por registrar pérdidas en una empresa dedicada a la intermediación de oro y en otra vinculada al sector agropecuario, pese a que esa actividad genera utilidades en el oriente del país. Asimismo, sostuvo que “ese es el resultado de la ideología sobre la economía” y criticó el gasto en publicidad realizado por anteriores administraciones para promover la industrialización.
Reestructuración y posibles cierres
Respecto al futuro de estas empresas, Lupo explicó que aquellas consideradas estratégicas permanecerán bajo administración estatal, aunque serán sometidas a procesos de reestructuración, reorganización y auditorías para transparentar su gestión. Además, indicó que un grupo reducido podría operar mediante asociaciones público-privadas.
En contraste, advirtió que las empresas que continúan generando pérdidas sin cumplir un rol estratégico deberán dejar de consumir recursos públicos. “Están consumiendo el recurso de todos los bolivianos, por tanto, debe parar esa hemorragia y deben ser cerradas”, afirmó, al indicar que cada ministerio deberá ejecutar el plan de acción correspondiente.
Sobre YLB, el ministro reconoció que se trata de una empresa estratégica, pese a ser “totalmente deficitaria”, por lo que descartó su cierre debido a la importancia del litio y los recursos evaporíticos para el país. No obstante, anunció una reestructuración integral y auditorías para establecer responsabilidades por las inversiones realizadas que, según dijo, no han generado beneficios para Bolivia.
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