Las víctimas de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), registradas en noviembre de 2019, emitieron un voto resolutivo en el que rechazan lo que consideran actos de impunidad y manipulación política por parte de operadores judiciales y actores políticos que buscan —según denuncian— el “retorno de los privilegios de la República”.
En el pronunciamiento, las víctimas recordaron las conclusiones del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), presentado el 17 de agosto de 2021 por la CIDH, en el que se estableció que durante la administración de Jeanine Áñez se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
