El proceso abreviado para evitar ir a un juicio oral se ha convertido en un mecanismo de “extorsión” tanto para la víctima como para el imputado porque el sistema penal fue utilizado con el fin de sentenciar y condenar a una persona sin haber acreditado su culpabilidad, según el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega. Esta instancia emitió una resolución que regula la aplicación del procedimiento abreviado y así evitar que se convierta en un instrumento de “sometimiento” del imputado y de la víctima para llegar a una sentencia a como dé lugar.
“En los últimos 10 años hemos visto que el procedimiento abreviado como salida alternativa para evitar un juicio oral, que concluye con una sentencia, ha sido totalmente distorsionado y se produjo un desarreglo penitenciario en el Estado boliviano”, señaló Ortega.
ALGUNOS CASOS
El caso del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas César Apaza, considerado opositor al MAS, fue condenado con un procedimiento abreviado que él se vio obligado a aceptar debido a su enfermedad luego de casi un año y medio de ser encarcelado, con una investigación que no avanzaba y lo que sumaban eran los procesos en su contra por la toma y quema del mercado paralelo de Adepcoca de Villa El Carmen, el 8 de septiembre de 2022, en una disputa con los cocaleros afines al MAS.
Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, denunció que el Ministerio Público intentó persuadir a la exmandataria a que se someta a un procedimiento abreviado, admitir culpa en alguno de los delitos para cerrar el proceso en su contra dentro del caso Golpe; ella no aceptó.
Dentro del mismo caso Golpe, impulsado por el gobierno del MAS, cuatro exjefes militares imputados admitieron la comisión de delitos en un procedimiento abreviado en noviembre de 2023, recibieron sentencia en penas mínimas que les permitió recuperar su libertad.
