La Confederación de Chóferes de Bolivia se declaró estado de emergencia tras la aprobación de un anteproyecto de ley que busca modificar los artículos 261 y 262 del Código Penal, endureciendo las penas por accidentes de tránsito, por lo que exigió al Gobierno su retiro inmediato de la Asamblea Legislativa.
El proyecto, anunciado por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, establece sanciones más severas: de 1 a 3 años de cárcel por causar lesiones graves, hasta 10 años en caso de muertes bajo influencia de alcohol o drogas.
Según Ríos, la medida responde al aumento de siniestros y al clamor social por mayor justicia; sin embargo, los choferes alegan que no todos los accidentes son por fallas humanas.
“No puede ser que hoy día se esté queriendo manejar otro anteproyecto”, dijo Víctor Tarqui, dirigente del sector, según Unitel.
