El juez de Coroico Fernando Marcelo Lea Plaza fue detenido por haber dispuesto la suspensión temporal de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz, Fanny Coaquira, y convocatoria de la suplente de esta autoridad por considerar que presentó documentación falsa sobre su experiencia en la docencia universitaria para ser habilitada como candidata a ese alto tribunal.
Es la primera vez que un juez constitucional da de baja a un magistrado desde que se elige a autoridades mediante el voto, es decir, desde 2012.
El ciudadano Antonio de la Fuente interpuso una acción de cumplimiento en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber omitido la verificación de la documentación de la candidata Coaquira para acreditar sus méritos.
En su memorial, explicó que la ahora magistrada declaró haber ejercido la docencia universitaria durante dos gestiones, entre 2022 y 2023, en la Universidad Unión Bolivariana. No obstante, esta información no fue verificada ni reconocida por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
El accionante dijo que pidió al TSE una revisión de este hecho, aportando pruebas sobrevinientes, pero recibió como respuesta que el proceso electoral concluyó y que ningún acto de ese periodo puede ser anulado por el principio de preclusión. Ante esto, acudió a una acción de cumplimiento.
En audiencia virtual, el juez de Garantías de Coroico, Fernando Lea Plaza, resolvió declarar probada la acción de cumplimiento y, en consecuencia, disponer la suspensión temporal de la credencial otorgada a Coaquira como magistrada electa del TSJ. Además, dispuso que se comunique de esto a la Presidencia del TSJ para que active la convocatoria de la magistrada o magistrado suplente, mientras se resuelve el recurso de fondo.
Casi inmediatamente concluida la audiencia, el Ministerio Público activó una acción directa para aprehender al Juez Público, Mixto, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal, arguyendo la comisión del delito de prevaricato, según denunció el accionante De la Fuente. “El Juez ha sido detenido ilegalmente”, dijo.
“PREVARICATO FLAGRANTE”
La determinación de Lea Plaza fue cuestionada por el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, quien calificó la resolución como “gravísima y de prevaricato flagrante”. Advirtió que esa acción pone en riesgo la institucionalidad del Órgano Judicial.
Ortega también destacó la inmediata reacción del Ministerio Público, que abrió una investigación penal contra el Juez de Coroico por dicho delito.
“Consideramos que estamos frente a un hecho gravísimo, una conducta delincuencial del juez, un acto de prevaricación flagrante que pone en vilo la institucionalidad del Órgano Judicial y la institucionalidad de la administración de justicia en todo el país”, declaró a CORREO DEL SUR. Para este magistrado, el juez “prevaricador debe estar en la cárcel” por haber usurpado funciones.
