El Juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, de Potosí, negó este jueves la acción popular que interpuso la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL). Además, dejó sin efecto la paralización de los contratos para la explotación de litio suscritos con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC.
“Resuelve denegar la tutela solicitada a través de la acción popular interpuesta por Iván Calcina Copa, Eliseo Yave y Gustavo Fausto en representación de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez. Segundo, se dispone dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas por resolución del 27 de mayo de 2025”, dictó el juez, en una nota de la ANF.
Por su parte, en una nota del portal Sumando Voces, la abogada de la Central Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), Fátima Monasterios, dijo que el juez evitó entrar al análisis de fondo y argumentó que la acción popular no sería el mecanismo adecuado para tutelar los derechos denunciados, especialmente el derecho a la consulta previa.
En ese sentido, la jurista expresó su profunda preocupación por esta decisión judicial. Según explicó, la acción popular es el único mecanismo reconocido en Bolivia para que los pueblos indígenas puedan defender sus derechos colectivos, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada. “Es preocupante que el juez evite analizar el fondo del caso y desestime la acción popular bajo el argumento de que no es el mecanismo idóneo, cuando existe una amplia jurisprudencia que avala su uso para proteger a las comunidades indígenas”, señaló Monasterios.
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