Tres fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), confirman la vulneración de derechos a la estabilidad laboral y al debido proceso en los despidos arbitrarios de jueces “transitorios” por parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 10 años, por el que este alto tribunal, ordenó que tres juezas deben ser reincorporadas a sus cargos y el pago de salarios devengados que superan los 1,5 millones de bolivianos. Por estos despidos de aproximadamente 80 jueces provisorios desde 2018, una veintena de víctimas acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió la petición de justicia y si el Estado quiere evitar un juicio ante la Corte IDH debe llegar a una solución amistosa previo pago de un resarcimiento, cuyo monto supera los 4,5 millones de dólares.
Todo este conflicto jurídico se ha generado porque las dos primeras generaciones de autoridades del Consejo de la Magistratura (2011-2018 y 2018-2024) procedieron a despidos de jueces “transitorios” sin cumplir la ley 025 del Órgano Judicial que establecía la evaluación del desempeño en el marco de los estándares naciones e internacionales de protección de los derechos de los jueces.
Los recientes fallos del TCP están relacionados con los recursos de amparo de las juezas Pastora Cabrera, Rosa Barriga y Gabriela Luizaga, quienes fueron destituidas del cargo sin el debido proceso por decisión de los consejeros de la Magistratura y la complicidad de las salas constitucionales.
Los jueces denunciaron que los despidos se daban para que los consejeros y autoridades políticas de turno coloquen a sus “recomendados” en estos cargos y que estas vulneraciones fueron “avalados” por la mayoría de las salas constitucionales del país, incluso los magistrados del TCP, por eso es que una veintena de jueces acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
VE NUEVO GIRO
El abogado defensor de las juezas Pastora Cabrera, Rosa Barriga y Gabriela Luizaga, destacó los tres recientes fallos del TCP (que tienen fecha el penúltimo día de diciembre de 2024, pero recién se conocieron), sostuvo que tanto el TCP como las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura “se están curando en salud, a la vista de lo que se viene desde el Sistema Interamericano y Universal de DDHH, cuando en casos similares, ya la CIDH avanza sobre informes de fondo que podrían acarrear millonarios daños y perjuicios contra agentes estatales, como exconsejeros, jueces, vocales y magistrados de garantías) que en su momento, en vez de tutelar los derechos de los jueces sujetos a garantías reforzadas, contribuyeron a triturar sus derechos”.
“Con todo, aplaudir que se esté aplicando genuino control de convencionalidad, tutelando internamente esos derechos, pues de lo contario seguirán sumando las peticiones ante sede internacional, en la que ya no hay encubrimiento a las atrocidades que principalmente desde el Consejo de la Magistratura se perpetraban antes y ojalá los actuales no las mantengan o encubran, además de cumplir debidamente estos últimos fallo”, agregó.
